Demuestran con una cámara oculta el pasotismo de la oficina contra el acoso inmobiliario de Barcelona

Las claves:
  • En el vídeo se ve como la asesora intenta disuadir a los inquilinos asediados a defender sus derechos.
  • La FAVB ha denunciado que ni la oficina municipal ni la Guardia Urbana traslada las denuncias a la Fiscalía ni a los juzgados de guardia.
  • Los expertos piden que la Fiscalía cree una unidad específica para los casos mas graves.

La Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB) ha presentado esta mañana un vídeo realizado por el Taller Contra la Violencia Doméstica en el que se demuestra el pasotismo de la oficina municipal contra el acoso inmobiliario cuando una pareja realiza una consulta por un caso de mobbing en el barrio de Gràcia.

En el video se vé como la asesora de la oficina munipal que atiende a unos inquilinos acosados intenta disuadirlos de defender sus derechos, lo que ilustra la tesis de la FAVB de que estas oficinas son un "fraude político" y "están haciendo la función opuesta" a aquella para las que fueron creadas: informar a los vecinos afectados por mobbing inmobiliario.

Las imágenes de la actuación de la oficina municipal aparece en la parte final de un video de 6 minutos de duración en la que se denuncian abusos que se cometen actualmente en diferentes ámbitos relacionados con el sector de la vivienda.

No trasladan las denuncias

La FAVB también ha denunciado que en Barcelona ni la Guardia Urbana ni la oficina contra el acoso inmobiliario trasladan las denuncias de los afectados a la Fiscalía ni a los juzgados de guardia.

Ante esta la situación de dejadez por parte del Ajuntament, la FAVB ha pedido a la Fiscalía a intervenir de oficio contra los acosadores.

Diferentes expertos han recordado que el Código Penal obliga a la administración a combatir el mobbing inmobiliario.

Jaume Asens, miembro de la comisión de defensa del Colegio de Abogados de Barcelona, ha declarado que en Cataluña hay más de 10.000 familias que sufren sabotajes, fraudes, intimidaciones o agresiones por parte de promotores o propietarios.

Y ha reclamado que se reforma el Código Penal para que el acoso inmobiliario sea un delito específico y que la Fiscalia cree "una unidad específica para los casos más graves".

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