Jueces y miembros del Ministerio Fiscal se concentrarán este viernes en Badajoz en señal de rechazo a las "reformas pretendidas" por el Ministerio de Justicia.

La concentración tendrá lugar a la puerta del Palacio de Justicia de Badajoz a partir de las 13,30 horas, según ha informado en nota de prensa el Decanato de los Juzgados de Badajoz.

En esta nota, el Decanato de los Juzgados de Badajoz ha ajuntado el acuerdo de la Comisión Interasociativa de Jueces y Fiscales en la que se exige la "retirada inmediata" del Proyecto de Ley de reforma de la LOPJ, que "perjudica la calidad de la Justicia y no encuentra justificación en la situación de crisis económica".

Igualmente, indica este acuerdo que el CGPJ debe mantener su actual estructura y competencias, "potenciando el Consejo Fiscal", así muestra su rechazo a "cualquier modificación que mine la independencia e imparcialidad del Poder Judicial".

También pide la autonomía presupuestaria del CGPJ y de la Fiscalía General del Estado para "garantizar la independencia y eficacia" del Poder Judicial y de la "autonomía" del Ministerio Fiscal.

Entre sus demandas están también el aumento de la planta con jueces y fiscales "hasta alcanzar los parámetros de la media europea". "Debiendo convocarse anualmente oposiciones con un mínimo de 250 plazas", indica.

De la misma forma, entiende la Comisión Interasociativa de Jueces y Fiscales que la justicia debe ser impartida "exclusivamente" por jueces y fiscales profesionales.

"La sobrecarga desmedida de los órganos judiciales y fiscalías exige la creación de plazas necesarias de jueces y fiscales de carrera para terminar de forma progresiva y gradual con la justicia interina", añade.

Otra de las demandas es la "determinación definitiva" de la carga de trabajo por el CGPJ y la Fiscalía General del Estado. "Aplicación como límite de entrada máximo admisible y con efectos inmediatos. Una vez alcanzada la carga máxima, deberán crearse las nuevas plazas judiciales y fiscales necesarias de forma automática", indica.

Se apuesta por la "eficacia y optimización de recursos", con una nueva demarcación judicial con agrupación de unidades judiciales en grandes ciudades, creación de Tribunales de Instancia y nuevas oficinas judiciales y fiscales.

Se exige igualmente la adopción de medidas para "paliar el abandono y la lamentable situación" en que se encuentran los juzgados y las fiscalías, debido a la "ausencia absoluta de medios personales y materiales, con especial referencia a la penosidad de las guardias".

Junto a estas medidas se solicita la regulación de un Estatuto Judicial y Fiscal "acorde con la especialidad de la función que desempeñan los jueces como poder del Estado y los fiscales en tanto que integrados en el Poder Judicial con autonomía funcional. La retribución económica debe ser adecuada a la responsabilidad de las funciones desempeñadas".

Respecto a las tasas judiciales, pide que sean "moderadas" y que "no limiten el acceso a la justicia", circunstancia que "no se contempla en la actual Ley, que las establece claramente desproporcionadas".

"Con estas propuestas queremos hacer un nuevo llamamiento a todos los responsables de la justicia, recordando que ésta no puede ser vista como un problema. Debe estar llamada a encabezar el discurso público contra la crisis", concluye.