El vicesecretario general del PSOE-A, Mario Jiménez, ha confiado en que la comisión de investigación sobre irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE) "atienda" a las 41 enmiendas presentadas por los socialistas en la línea de sus conclusiones, que, con independencia de las "apetencias políticas más extremas o más moderadas que puedan tener el resto de grupos parlamentarios", son "claras" en la línea de que las responsabilidades hay que exigirlas a Francisco Javier Guerrero por su actuación al frente de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social.

Preguntado en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) sobre lo que espera del dictamen de la comisión, el dirigente socialista ha contestado que "las cosas se circunscriban, no a los titulares periodísticos que algunos tienen en la cabeza", sino que se respondan a los criterios que "tienen que imperar desde el funcionamiento de una comisión de investigación parlamentaria, como es el de las comparecencias que se han producido, el respeto a la ley, el principio de legalidad y de competencia".

Así, argumenta que con toda la información a la que ha podido acceder el conjunto de la comisión, "sólo se puede concluir, honestamente, que las responsabilidades políticas hay que exigírselas a la Dirección General de Trabajo en el tiempo en el que fue dirigida por el señor Guerrero", ya que "fue ahí donde se produjeron las irregularidades que se están estudiando".

Otra cosa que, según afirma, ha quedado "perfectamente clara" en la comisión es que "estamos en un procedimiento legal, en un procedimiento conocido por el Parlamento andaluz, respaldado año tras año en los presupuestos generales de la Comunidad, de cuya documentación el convenio y el procedimiento formaba parte".

De las enmiendas presentadas por el PSOE-A, cabe destacar la que plantea la supresión íntegra del apartado en el que se señala la "responsabilidad política de primer nivel" de los exconsejeros de Empleo Antonio Fernández y José Antonio Viera.

También pide la eliminación de las alusiones a la "poca transparencia" y la "opacidad" y plantea que en la ponencia se recoja que "los fondos destinados a las ayudas eran fondos conocidos, ya que se aprobaban en el Parlamento al aprobar la Ley de Presupuestos", pero que "cosa distinta es el mal uso que en determinados casos puntuales y para beneficiar a determinadas personas se realizó por parte del titular del órgano gestor encargado de tramitar y ejecutar estos fondos previstos presupuestariamente".