La Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía tiene presupuestados en 2012 un total de 18,4 millones de euros para destinarlos al alquiler de 78 sedes judiciales en el conjunto de la comunidad autónoma andaluza, aunque prevé ahorrar 600.000 euros a través de la revisión de 54 contratos.

En comisión parlamentaria, el consejero del ramo, Emilio de Llera, ha explicado que a principios del año 2010 había más de 100 sedes judiciales alquiladas con un coste de 20,2 millones de euros, por lo que en dos años se ha reducido en 1,8 millones el gasto en este apartado, todo ello gracias a la puesta en servicio de nuevas infraestructuras y a la revisión de los precios de los contratos de arrendamiento.

En este sentido, De Llera ha remarcado que la apuesta de la Consejería en la programación de infraestructuras judiciales se centra en el régimen de propiedad de las sedes, aunque en muchas ocasiones es necesario recurrir al alquiler por el crecimiento de órganos —220 en 14 años— y por mejorar los espacios judiciales en aquellas poblaciones en las que no ha sido posible conseguir un suelo adecuado.

Al hilo de ello, el consejero ha señalado que la renegociación y revisión de los contratos de alquiler es una cuestión que entra dentro de la normalidad administrativa, si bien esta circunstancia se ha visto agudizada por la crisis económica y por la apuesta de la Junta por el control del gasto público.

Según ha informado, en la actualidad existen en Andalucía un total de 173 sedes que albergan órganos judiciales y fiscales, así como los institutos de Medicina Legal, de las que 78 son alquiladas, teniendo éstas una superficie de 115.408 metros cuadrados. Ha añadido que los alquileres se encuentran distribuidos en 101 contratos, aunque su departamento está revisando sus condiciones, siempre y cuando van finalizando los plazos de vigencia de los contratos en cuestión.

"no estamos dormidos" en este asunto

De estos 101 contratos, se han revisado 54, por lo que las bajadas ya negociadas y pactadas en algunas provincias pueden suponer un ahorro aproximado de 600.000 euros antes de que finalice 2012, de manera que el gasto final del año en alquiler puede ser de 17,8 millones de euros, previendo además que en 2013 continúe bajando el coste en alquileres de sedes conforme vayan venciendo los contratos vigentes.

"No estamos dormidos en este asunto", ha querido dejar claro el consejero de Justicia, quien ha puesto de manifiesto que la Consejería trabaja en la liquidación de diferentes contratos, por lo que el coste de los arrendamientos va a continuar bajando durante los próximos meses permitiendo así cumplir con la política de reducción del gasto y control del déficit.

De su lado, el parlamentario del PSOE Alfonso Rodríguez Gómez de Celis ha defendido la política de ahorro en alquileres judiciales, ya que "vivimos en un contexto económico marcado por los recortes, que inciden en todos y cada uno de los recursos públicos", tras lo que, a continuación, se ha referido a la Ley de Tasas, criticando esta medida y señalando que "sin Justicia no hay libertad ni democracia".

El pp critica que se destine más a alquileres que a inversiones

El parlamentario del PP Juan Ramón Ferreira Siles ha criticado que el diputado socialista "haya hablado de todo" menos del asunto de los alquileres en cuestión, lo que demuestra las "ganas" y la "ansiedad" de algunos por ser parlamentarios nacionales, añadiendo que "hay otros foros para hablar de este asunto".

Seguidamente, Ferreira Siles ha criticado que, actualmente, "nos estamos gastando mucho más dinero en alquileres que en inversiones", citando en este punto el ejemplo de un "pueblo pequeño", que no ha querido dar a conocer, donde el alquiler de la sede judicial, de 1.000 metros cuadrados, le cuesta a la Junta 350.000 euros anuales.

El parlamentario popular ha propuesto al consejero el desarrollo de un programa de racionalización y optimización global de las sedes judiciales alquiladas en la región andaluza, para cuya ejecución "convendría buscar algún asesoramiento especializado".

Hay que destacar que el consejero ha asegurado que "estudiará inmediatamente" el caso del citado pueblo donde se pagan 350.000 euros anuales en alquileres.