El Pleno del Parlamento que se celebrará la semana que viene —los días 28 y 29 de noviembre—, acogerá el final del dictamen de la comisión de investigación sobre las ayudas socioalaborales a trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE) y empresas en crisis otorgadas por la Administración de la Junta de Andalucía durante el periodo comprendido entre los ejercicios 2001 y 2010, ambos inclusive.

Como se recordará, el PP-A pide en su propuesta la dimisión, como "principales responsables políticos", del expresidente y presidente del Gobierno andaluz, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, respectivamente; de la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo; del consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio Ávila, y de otros doce excargos de la Junta entre 2011 y 2010 y considera "inaceptable" que el PSOE sólo eche la "culpa" al exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero e intente "minimizar" los hechos.

Por su parte, IULV-CA sitúa en los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández el máximo nivel de responsabilidad política en el caso al considerarles "muñidores del convenio de 2001 entre la Consejería de Empleo y el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) —actual agencia IDEA— y autores intelectuales del perverso diseño administrativo y presupuestario que dio lugar a la falta de controles".

Frente a ello, el PSOE-A atribuye en sus conclusiones a la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta la responsabilidad del caso, ya que era el órgano con la "atribución exclusiva para la concesión de las ayudas", y subraya que el uso "indebido" del procedimiento de concesión de ayudas se produjo entre los años 2001 a 2008, con Francisco Javier Guerrero al frente, que recientemente ha salido de prisión.

Según el orden del día aprobado este miércoles por unanimidad de la Junta de Portavoces, el debate del dictamen de la comisión de investigación abrirá la jornada del miércoles, que continuará con la celebración de tres debates agrupados en los que comparecerán representantes del Consejo de Gobierno.

En primer lugar, se abordará la repercusión para Andalucía de las próximas perspectivas financieras de la Unión Europea. Seguidamente, se informará de las previsiones de ajuste presupuestario y de reestructuración de entidades instrumentales del sector público andaluz, y por último, se analizará el Programa de Rehabilitación de Viviendas en la Comunidad.

Ya en la jornada del jueves, se debatirán dos mociones, una sobre política en materia de movilidad sostenible, defendida por IULV-CA, y otra del PP-A sobre política de aguas. Los 'populares' también presentarán una interpelación en materia de política social.

Acto seguido tendrán lugar las preguntas orales, entre las que destacan las dirigidas al presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán. El portavoz del grupo parlamentario de IULV-CA, José Antonio Castro, preguntará acerca del nuevo acuerdo económico y social en Andalucía, mientras que el del grupo socialista, Francisco Álvarez de la Chica, lo hará sobre la perspectiva del nuevo marco financiero europeo 2014-2020. Por último, Juan Ignacio Zoido, presidente del Grupo Popular, formulará una pregunta relativa a transparencia y regeneración.

Finalizadas las preguntas, el Pleno debatirá cuatro proposiciones no de Ley, dos del Grupo Popular y otras dos del Grupo Socialista. Las del PP-A hacen referencia a la conmemoración de 4 de diciembre y la defensa del Estado autonómico como garantía de igualdad; y a la protección social ante los desahucios. Si bien, las iniciativas del PSOE-A versan sobre la ampliación de las medidas de protección de los deudores hipotecarios, y sobre la ratificación del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica.