El fiscal Anticorrupción Pedro Horrach pedirá este miércoles al juez que instruye el 'caso Nóos', José Castro, una fianza de casi 8,2 millones de euros para el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, y para su exsocio en el Instituto Nóos, Diego Torres, con el fin de cubrir las presuntas responsabilidades civiles de las que sean condenados, según han confirmado a Europa Press fuentes fiscales.

Concretamente, han detallado que sería la cantidad que la Fiscalía considera que podrían haber obtenido ilícitamente, tanto de Baleares, como de la Comunidad Valenciana.

Por otro lado, han indicado que, en caso de que el juez no acepta esta cantidad, la Fiscalía propondrá a Castro que la fianza se fije en seis millones de euros de forma solidaria que la deberían abonar entre los dos y que es la cantidad que está sin justificar.

Además, las citadas fuentes han revelado que dependiendo del contenido de un informe de la Agencia Tributaria que tiene que llegar de Barcelona, la Fiscalía Anticorrupción no se descarta volver a pedir al juez Castro que vuelva a llamar a declarar a Urdangarin y a su socio para aclarar elementos nuevos que puedan ser hallados en el citado informe.

Por otro lado, la Fiscalía Anticorrupción extenderá la fianza de responsabilidad civil de 8,2 millones de euros al conglomerado de empresas de las que tanto el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, como su exsocio Diego Torres eran propietarios y administradores, y a través de las cuales se hicieron presuntamente con los fondos públicos y privados que obtuvieron de Administraciones públicas y de entidades privadas.

Así lo han precisado fuentes de la investigación a Europa Press, que han concretado que se trata de Nóos Consultoría Estratégica, Aizoon S.L. -de la que la Infanta es copropietaria al 50 por ciento-, Virtual Strategies S.L., Shiriaimasu, Intuit Strategy Innovat y De Goes Center For Stakeholder Management, empresas que centran el foco de atención de la causa junto al propio Instituto Nóos, que entre 2004 y 2007 recibió del Govern balear y la Comunidad Valenciana un total de 5,8 millones mientras que de entidades privadas percibió hasta 4,4 millones de euros.

Sin embargo, ni Urdangarin ni Torres serán los únicos para quienes el Ministerio contempla solicitar fianza, puesto que será más adelante cuando, previsiblemente, reclamen una nueva caución para otros imputados de la causa, a razón de su intervención en este entramado societario, tal y como han apostillado las mismas fuentes.

En concreto, la fianza que este miércoles el fiscal Pedro Horrach solicitará al juez, junto al resto de acusaciones del caso, estará basada en los distintos convenios rubricados por Nóos con las distintas entidades públicas, como los 1,2 millones de euros del convenio de colaboración con la Fundación Illesport para el primer Illes Balears Forum, celebrado en el año 2005, y los 1,085 millones por el segundo, correspondiente a 2006.

La caución también tendrá en cuenta los fondos obtenidos de la Generalitat Valenciana por las tres ediciones del evento Valencia Summit; los ingresados por Nóos de cara a la celebración de los Juegos Europeos que finalmente nunca llegaron a celebrarse y otros convenios como el relativo al patrocinio del equipo ciclista Illes Balears.

Las acusaciones apuntan a que, para hacerse con los fondos percibidos por el Instituto, tanto Urdangarin como su exsocio fijaban precios totalmente desproporcionados por los servicios que prestaban a la Administración y posteriormente simulaban trabajos ficticios a mercantiles del entramado societario de Nóos. Cantidades que acababan presuntamente así en manos de empresas controladas por los dos imputados.

Cabe recordar que los investigadores apuntan que Urdangarin y Torres encabezaron una trama a través de la cual se habrían apoderado de 5,8 millones de los fondos públicos que percibió Nóos. En concreto, falsedad documental, prevaricación, fraude a la administración y malversación de caudales públicos son los delitos que se indagan en este fleco del caso Palma Arena.

Las acusaciones consideran a ambos encausados responsables de urdir un entramado societario cuando los dos estaban al frente de Nóos con el fin de hacerse con los fondos públicos y privados que recibía la entidad. Para ello, fijaban precios totalmente desproporcionados por los servicios que prestaban a la Administración y posteriormente simulaban trabajos ficticios a mercantiles del entramado societario de Nóos. Cantidades que acababan presuntamente así en manos de empresas controladas por los dos imputados.

Todo ello a través de mercantiles de las que eran propietarios y administradores: Nóos Consultoría Estratégica, Aizoon S.L. -de la que la Infanta es copropietaria al 50 por ciento-, Virtual Strategies S.L., Shiriaimasu, Intuit Strategy Innovat y De Goes Center For Stakeholder Management, empresas que centran el foco de atención de las investigaciones junto al propio Instituto Nóos, que entre 2004 y 2007 recibió del Govern balear y la Comunidad Valenciana un total de 5,8 millones mientras que de entidades privadas percibió hasta 4,4 millones de euros.

Cabe destacar que la acusación popular representada por el Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias solicitó en su día al juez Castro que fijara una fianza de cuatro millones de euros en concepto de responsabilidad civil para Iñaki Urdangarin, imputado en el presunto fraude del Insituto Nóos.