El empresario valenciano Ricardo Fuster, imputado por un presunto delito de cohecho en relación con el pago de parte del viaje que hizo el exalcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, a Creta en agosto de 2008, se ha acogido a su derecho a no declarar en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), donde se instruye una pieza separada del conocido como 'caso Brugal'.

Fuster estaba citado este lunes a declarar, en calidad de imputado, en el tribunal valenciano, que investiga presuntas irregularidades en relación con el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU), en el marco del 'caso Brugal'.

El magistrado instructor de este procedimiento, Juan Climent, llamó a declarar a Fuster, en calidad de imputado —en un auto con fecha 2 de noviembre—, tras solicitarlo el fiscal Anticorrupción, Felipe Briones.

El empresario, una vez en el TSJCV, se ha acogido a su derecho a no declarar —según ha podido saber Europa Press—, al igual que hizo hace un par de semanas Alperi, quien también tuvo que acudir al tribunal valenciano en compañía de su abogado.

A Fuster se le atribuye el hecho indiciario de haber abonado 36.000 euros a través de una mercantil de la que es socio único como parte del pago del viaje a Creta que Alperi realizó en jet privado en el mes de agosto de 2008. En total, el viaje ascendió a 45.000 euros.

Gestionado por ortiz

Tal y como se recoge en el sumario, el constructor Enrique Ortiz, también imputado en este procedimiento, fue el que gestionó este viaje del exalcalde y el que supuestamente se hizo cargo —abonó su importe— a través de una sociedad de Fuster.

El viaje tuvo lugar entre el 29 de julio y el 13 de agosto de 2008, cuando Alperi viajó a la isla de Creta junto a una concejal del Ayuntamiento de Alicante. Alperi presentó su dimisión como primer edil un mes después de este viaje, el 11 de septiembre de 2008, momento en el que indicó que la entonces edil de Urbanismo, Sonia Castedo, iba a ser la persona propuesta para sustituirle en el cargo.

Castedo también está imputada en el 'caso Brugal', por supuestamente beneficiar al empresario Enrique Ortiz —de quien reconoce una relación de amistad— con el PGOU. En su declaración ante el TSJCV, la actual alcaldesa negó cualquier tipo de amaño para beneficiar a Ortiz.