Tras dos décadas en viviendas sociales, un total de 117 familias que residen en el centro de Madrid esperan con angustia e incertidumbre la decisión sobre su futuro del Ayuntamiento –que pretende realojarlos– porque aseguran que si les "sacan" de sus casas, les "matan".

Los cinco edificios que están en los castizos barrios de Lavapiés y Malasaña han sido comprados por la compañía barcelonesa Renta Corporación, que firmó el 18 de octubre con la Empresa municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) una opción de compra por un precio global –21 millones de euros– que IU ve "muy alejado" del de mercado.

En ellas, distantes entre sí menos de un kilómetro, viven ancianos, mujeres maltratadas, familias numerosas y pensionistas que temen la exclusión social y ven imposible, por razones económicas, el acceso al mercado libre de vivienda.

Reclaman al Ayuntamiento un trato "digno" y "más explicaciones" porque, como dice Antonio, un hombre de 75 años que aún está convaleciente de un ictus: "A mí si me obligan a dejar mi casa me matan", opinión que comparten otros afectados.

La EMVS les ha ofrecido un realojo en el mismo distrito, según informó esta semana el Ayuntamiento, aunque ellos afirman que en las reuniones mantenidas hasta ahora les han dicho que es "imposible". "Nos sentimos como mercancía", añade otro inquilino más joven que prefiere no identificarse por miedo, al igual que otros vecinos que temen "represalias" tras las "amenazas" que aseguran haber recibido de no renovar sus contratos si rechazan las condiciones del realojo, "como ocurrió con una vecina de 88 años".

Los vecinos fueron informados verbalmente el 26 de octubre. Algunos han recibido notificación oficial y otros no, como Juan Antonio, que se enteró "por una vecina", y otro grupo que tuvo la primera noticia el 14 de noviembre, casi un mes después de la firma del documento por el Ayuntamiento. El propio Juan Antonio recuerda como en los años ochenta estas familias fueron realojadas en estas casas procedentes de varias "infraviviendas" del centro de Madrid. "Para nosotros fue la primera vez que tuvimos una vivienda digna, como garantiza la Constitución; antes pasábamos meses sin luz, agua o incluso con la escalera del edificio hundida".

Él no entiende cómo se perderá "de la noche a la mañana" todo el dinero público invertido en la rehabilitación de los inmuebles y de las calles históricas en las que viven para dejarlas "en manos de la iniciativa privada", y confiesa su temor al "desarraigo" de los vecinos que llevan toda la vida en el barrio.

Recuerda que la reforma general del edificio en el que vive ha sido financiada parcialmente con la contribución de los vecinos, que ya no podrán beneficiarse de las mejoras acometidas tras meses "durmiendo entre escombros", algo de lo que ahora se "beneficiará" la empresa compradora.

Precisamente una de las razones que alega la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo para la venta de estos edificios es la incapacidad de poder financiar las reformas necesarias, aunque en los otros cuatro bloques los vecinos solo ven necesarias obras "de mantenimiento general".

De los cinco edificios, cuatro son antiguas corralas reformadas respetando el estilo histórico y tradicional de Madrid, mientras que el quinto une a otros dos en torno a un patio común.

Entre los afectados existe un desencanto general por el trato del Ayuntamiento. "A mí me han llegado a decir que somos invitados aquí", afirma Consuelo, mientras que Ángel asegura que los más mayores "han padecido presiones inaceptables".

Mario Agreda, otro de los perjudicados y que ejerce de delegado del Consejo Permanente de los Pueblos Indígenas ante la ONU, denuncia que este caso viola los derechos humanos porque "no respeta al ciudadano dentro del marco de la ley y abusa del derecho". "Al final siempre pagamos los pobres", concluye resignado otro de los vecinos.