Eduardo López Palop, el juez que investiga la tragedia del Madrid Arena, donde murieron cuatro jóvenes a causa de una avalancha durante una fiesta, ha decidido mantener el precinto del mismo tras efectuar este martes una inspección ocular del pabellón —sede del Mundial de balonmano que comenzará el 11 de enero— ante la posibilidad de que haya que practicar nuevas diligencias.

En esta inspección, que comenzó sobre las diez de la mañana, participaron representantes del Ministerio Fiscal, de la Policía Científica y de la Brigada de Homicidios de la Jefatura Superior de Policía, así como dos policías nacionales y un agente municipal de Madrid que acudieron a la fiesta estando fuera de servicio.

López Palop deambuló por las instalaciones interrogó a los testigos acerca de cómo se produjeron los hechos. El magistrado se centró en las entradas al recinto, la pista central y el pasillo de acceso a la misma donde se produjeron las muertes.  Esta zona, situada en la planta cero del edificio (dos por debajo del nivel del suelo, tiene solo tres metros de ancho, pero en ella se agolparon quienes acudían al servicio, los que salían de la pista y los que pretendían acceder a ella para ver el comienzo de la actuación del DJ estrella de la noche, Steve Aoki.

El magistrado también ha requerido a la Policía Científica que haga una simulación por ordenador para establecer el número de personas que caben en el pabellón Madrid Arena "y las que realmente había". Los investigadores del Grupo V de Homicidios comunicaron al juez en su atestado que el aforo estaba "sobradamente sobrepasado". Además, según adelantó 20minutos.es, le trasladaron de palabra una primera estimación de asistencia de alrededor de 23.000 personas. La simulación aclarará si esa cifra es correcta.

Por ahora, el juez ha citado a declarar como imputados al gerente de Diviertt, la empresa organizadora de la fiesta, Miguel Ángel Flores, y a los representantes legales de las empresas de seguridad del evento Seguriber y Kontrol 34.

También este martes se ha imputado a Pedro Calvo, delegado del Área de Economía y presidente de la empresa pública Madrid Espacios y Congresos —a través de la que el Consistorio administra el pabellón. Calvo, que tras su imputación ha presentado la dimisión, iba a ser llamado inicialmente como testigo, pero la petición de la Fiscalía ha hecho que pase a estar imputado, por lo que declarará acompañado de su abogado.

Por otro lado, los tribunales han dictado una orden de desahucio contra la empresa FSM Group, la sociedad de Miguel Ángel Flores que explotaba Macumba, situada en la estación de tren de Chamartín, según han confirmado fuentes de Adif, la encargada de resolver el contrato de explotación de la estación.

En diciembre de 2011 el gestor de infraestructuras ferroviarias Adif decidió resolver el contrato que tenía suscrito con FSM Group para la explotación de la discoteca Macumba porque estaba previsto destinar el local a otros usos.

Ante la decisión de Adif de no prorrogar el contrato, la empresa FSM Group, decidió recurrir a los tribunales, al igual que lo hizo el gestor de infraestructuras ferroviarias. Asimismo, la empresa de Miguel Ángel Flores —dueño también de Diviertt— acordó dejar de pagar a Adif. Como consecuencia del proceso judicial abierto, el juez ha dictado una orden de desahucio, que, según las mismas fuentes, se llevará a cabo en breve.