El Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por Juan Ignacio Zoido (PP), ha denegado una relación valorada y certificación final de obras presentada por la unión temporal de empresa (UTE) Detea/Aldesa, con un incremento de más de dos millones de euros respecto al "importe total" de la construcción de la nueva sede de la Delegación municipal de Seguridad y Movilidad, edificada a partir de las antiguas instalaciones de la cárcel de La Ranilla.

En concreto, y según figura en un documento que firma el 29 de octubre el concejal de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento hispalense, Maximiliano Vílchez (PP), fue en julio de 2008 cuando la Administración local adjudicó a la unión temporal de empresa constituida entre 'Detea' y 'Aldesa' la construcción de la nueva sede de la Delegación de Seguridad y Movilidad, por un importe de 17.451.996 euros. No obstante, en diciembre de 2010 fue aprobada una "modificación de contrato" que se traducía en un nuevo "gasto" de 1.886.392 euros en este proyecto.

Obras ya ejecutadas

Pero, como figura en este documento que firma Vílchez y que recoge Europa Press, "al margen de esta modificación", el pleno del Ayuntamiento de Sevilla reconoció "la obligación de abonar al contratista obras ejecutadas por valor de 1.420.266 euros", pues "aunque estas obras estaban inicialmente consideradas y valoradas en el modificado, fue necesario ejecutarlas antes de su aprobación", A tal efecto, "el coste total de las obras ejecutadas ha ascendido a 20.758.655 euros, según detalla el concejal delegado de Urbanismo y Medio Ambiente en este documento, que además da cuenta de que el 13 de octubre de 2011, las obras fueron plenamente recepcionadas.

Pero, "como resultado de la medición general y definitiva de la obra, la empresa contratista" elevó al Ayuntamiento una "relación valorada y la certificación final" de las obras con un incremento del 12,92 por ciento respecto a los 20.758.655 euros ya reconocidos como coste total del proyecto. La empresa, en concreto, habría reclamado 2.678.688 euros más. Visto el asunto, el Ayuntamiento hispalense ha "denegado" la aprobación de esta relación valorada y certificación final del proyecto, pues media un informe del servicio de Contratación que concluye que "ese mayor coste (...) se debe a errores del proyecto elaborado por el propio contratista, máxime cuando tal desviación se produce sólo diez meses después de haber sido aprobado un proyecto modificado".