García (PSOE), convencida de que la Junta asesorará y realojará a la mujer que iba a ser desahuciada en Chiclana

La secretaria general del PSOE de Cádiz, Irene García, ha manifestado este miércoles su "honda preocupación" por el caso de la mujer de Chiclana de la Frontera (Cádiz) que sufre en estos momentos la amenaza de desahucio de su vivienda; mostrándose convencida de que la Junta va a atender "este caso especial" desde la recién creada Oficina provincial del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, asesorando a la mujer y procurándole un realojo en las viviendas del parque público.

La secretaria general del PSOE de Cádiz, Irene García, ha manifestado este miércoles su "honda preocupación" por el caso de la mujer de Chiclana de la Frontera (Cádiz) que sufre en estos momentos la amenaza de desahucio de su vivienda; mostrándose convencida de que la Junta va a atender "este caso especial" desde la recién creada Oficina provincial del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, asesorando a la mujer y procurándole un realojo en las viviendas del parque público.

A través de un comunicado, García ha recordado que el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado en el Congreso una Proposición de Ley contra el desahucio, la insolvencia y el sobreendeudamiento familiar. Por ello, García le exige al presidente provincial del PP, Antonio Sanz, que pida a su partido en Madrid que permita la tramitación de ese proyecto de Ley porque así "demostrarían que se preocupan por los problemas de la gente".

El proyecto de Ley, "en caso de ser respaldado por el PP la propuesta socialista", establecería nuevas condiciones de pago en más tiempo, "de forma que no se condene a la indigencia a las familias", señala García.

En caso de dación en pago, el proyecto de ley incluye la posibilidad de continuar usando su vivienda familiar, abonando un arrendamiento social consistente en una cantidad máxima anual del dos por ciento de la deuda pendiente y con el límite de que esa cantidad no pueda exceder, en ningún caso, de un tercio de los ingresos totales familiares. La proposición de Ley también recoge que no se pueda desahuciar a las familias que dedican más del 50 por ciento de sus ingresos al pago de sus deudas.

El PSOE pide en su propuesta que también puedan tener opción a dación en pago las familias con ingresos de hasta dos veces y media el IPREM (18.600 euros). "Hasta el momento Rajoy ha establecido que sólo tienen esta opción las familias sin ningún tipo de ingreso de ninguno de sus miembros", recuerda García.

La secretaria general del PSOE ha subrayado "las escalofriantes cifras que ha publicado la prensa estos días sobre los desahucios en la provincia, donde se producen casi cinco lanzamientos diarios" y, por eso, le pide a Sanz que "haga algo para parar esta situación que en otras provincias ha tenido consecuencias dramáticas".

"Es hora ya de acabar con la usura de los bancos", ha asegurado García, que considera "repugnante lo que está pasando". La dirigente socialista tiene claro que "allí donde hayamos puesto el dinero de todos, ese banco tiene que hacer la dación en pago y resolver el problema de las preferentes".

"Antes de que Sanz se dedique solo a exigir a la Junta", Irene García le advierte de que "el Gobierno andaluz, dentro de sus competencias, ha puesto en marcha oficinas de asesoramiento y ayuda a las familias en situación de riesgo"; recordando, al hilo, que el Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda ha abierto oficinas en las ocho provincias andaluzas desde las que se presta "un servicio público y gratuito de prevención e intermediación" encaminado a evitar los desahucios y, en caso de que se produzcan, a ofrecer soluciones a las familias afectadas por este problema.

"El Gobierno andaluz va a poner al servicio de estas familias las viviendas del parque público residencial, ofreciendo cuando sea posible, un realojo en régimen de alquiler social", ha precisado García, que ha destacado que la red andaluza de oficinas de atención ciudadana está compuesta por un equipo especialmente cualificado de licenciados en derecho, administrativos y trabajadores sociales.

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