Un nutrido grupo de trabajadores de la Diputación de Sevilla, junto a los delegados de los cuatro sindicatos con representación en la institución; CCOO, UGT, Ustea y USO, ha celebrado este jueves en la sede central de la administración provincial un acto de protesta para reclamar el abono de una serie de atrasos derivados de la aplicación del convenio colectivo y el acuerdo de funcionarios de 2010 y 2011.

Manuel Gordillo, miembro de la junta de personal funcionario por parte de CCOO, ha informado a Europa Press, en el marco de esta protesta celebrada durante un pleno ordinario de la institución, de que fue en 2010, tras la reducción de un cinco por ciento de los salarios promovida por el entonces Gobierno central socialista para el sector público, cuando "se planteó" una serie de homologaciones entre el personal laboral y los funcionarios a la hora de tratar las pagas extraordinarias y la valoración de puestos de trabajo (VTP). Las "desigualdades" detectadas en la aplicación de dicha reducción salarial, así, habrían quedado plasmadas en el convenio colectivo y el acuerdo de funcionarios correspondiente a los años 2010 y 2011, extremo incluso refrendado por el pleno en 2012, según las organizaciones sindicales.

Decretos de recortes

En este escenario irrumpe el real decreto Ley 20/2012 de racionalización y reordenación del sector público, gracias al cual el Gobierno central del PP amplía a 37,5 horas semanales la jornada laboral del sector público, suprime la paga extraordinaria de Navidad y restringe gastos en el capítulo de personal. Porque merced a dicho real decreto Ley mediarían una serie de "resoluciones de Presidencia" emitidas por la Diputación provincial y que derivarían en la suspensión del abono de los "atrasos" relativos a las pagas extraordinarias y la VPT según la aplicación del convenio colectivo y el acuerdo de funcionarios correspondiente a los años 2010 y 2011. "Hemos perdido la confianza en la mesa de negociación", ha dicho Gordillo a la hora de justificar la protesta, pues a su juicio la Diputación aplica en extremo e incluso "más allá" el mencionado real decreto Ley.

Carmen Hidalgo, portavoz de la plataforma de sindicatos, ha manifestado también a Europa Press que más allá del abono o no de estos atrasos, los sindicatos lamentan que el Gobierno provincial haya resuelto unilateralmente no atenerse a los acuerdos firmados y sometidos al propio pleno de la institución.

"no podemos prevaricar"

Manuel Domínguez, portavoz del Gobierno provincial socialista, ha dicho de su lado a los medios de comunicación que los trabajadores reclaman el abono de estos "atrasos" según los mencionados acuerdos, pero "ahora los reales decretos nos impiden que llevemos a buen puerto lo que se negoció antes de estos decretos. No podemos prevaricar porque para las administraciones, los reales decretos son un imperativo, una imposición".

"Vamos a dotar una partida presupuestaria para que lo hagamos en el momento en el que sea posible. Política y presupuestariamente, queremos cumplir estos acuerdos", se ha encogido de hombros el portavoz del Gobierno provincial, quien ha manifestado que la Diputación sigue abierta al diálogo.