El concejal de nuevas tecnologías del Ayuntamiento de Burgos, Eduardo Villanueva (PP), ha reconocido en su Twitter que generó "facturas desorbitadas" cargadas en una tarjeta de datos de telefonía de propiedad municipal, aunque ha asegurado que esos gastos "no proceden de usos improcedentes".

En otro de sus mensajes en la red social Twitter, ha asegurado este viernes que el consumo que realizó entre abril y mayo de 2011, facturado mediante una tarifa plana corriente no habría generado ningún tipo de controversia ni polémica.

Sin embargo, la investigación que se ha abierto por encargo del propio alcalde de Burgos, Javier Lacalle (PP), parte de una facturación que suma más de 200.000 euros.

El concejal se ha mostrado convencido de que esa investigación demostrará que usó una tarjeta de datos para su actividad profesional como concejal, cargo que desempeña como liberado, por lo que cobra un sueldo mensual del Ayuntamiento.

Aunque se ha mostrado convencido de que cuando termine la investigación interna se demostrará que no hizo nada reprobable, el edil ha lamentado "el daño que este error de facturación pueda provocar" a "sus compañeros de partido y al Ayuntamiento de Burgos", por lo que considera "oportuno" que los ciudadanos, la prensa y la oposición quieran una explicación.

Además de apoyar la decisión del alcalde de la ciudad de suspenderle temporalmente mientras se aclara lo ocurrido, Villanueva ha señalado que su "principal error" ha sido no ofrecer las explicaciones oportunas mientras "crecía la bola de nieve".

Una 200 personas, en su mayoría trabajadores municipales, han ocupado este viernes el Ayuntamiento de Burgos y llegado a las puertas del salón donde se celebraba el pleno municipal para pedir la dimisión de Villanueva, que ha asistido pese a haber sido suspendido.

En el exterior del salón, custodiado por policías locales y nacionales, se coreaban gritos de "dimisión" y de "Eduadito devuelve el dinerito". Para el presidente de la Junta de Personal del Ayuntamiento, Federico Sanz, "el cese del concejal no es suficiente y debería dimitir".

Sanz ha criticado que se estén recortando derechos de los trabajadores, se les reduzca su salario y se recorten inversiones mientras un concejal puede gastar "una barbaridad" con un teléfono del Ayuntamiento.

Por su parte, el presidente del Comité de empresa municipal, Rubén de la Peña, ha declarado que nadie les ha informado de las consecuencias reales del cese, porque el concejal tiene más responsabilidades en el Ayuntamiento y es uno de los liberados, por lo que cobra un sueldo municipal que "hasta donde sabe el comité no se le ha retirado".