La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia estudia si existe delito por parte del Ayuntamiento de Cieza y ha llamado a declarar, de momento, a siete concejales y al propio alcalde, Antonio Tamayo.La edil de Urbanismo autorizó en 2003 la ampliación de la actividad de una granja porcina en situación ilegal, a la que, además, el Ayuntamiento le concedió el certificado de impacto ambiental cuando no era competente para ello. Lo denunció Izquierda Unida. También  acusan al Ayuntamiento de un posible tráfico de influencias, ya que la dueña de la granja es hermana de la concejala de Urbanismo, que es nuera del alcalde.