El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, y el secretario autonómico del PSOE, Julio Villarrubia, han rubricado este miércoles un acuerdo en distintas materias con el fin de "ser útiles a los ciudadanos" y que tiene como acuerdos principales la creación de un plan de empleo local y para jóvenes a través del que se destinarán 30 millones de euros en 2013, al tiempo que se ha pactado destinar al menos 3.000 euros incondicionados a ayuntamientos.

Herrera y Villarrubia han firmado este acuerdo tras una "larga" negociación en la que se han visto implicados los partidos y grupos parlamentarios 'popular' y socialista y que ha concluido con varios "puntos de encuentro" que persiguen el "interés general" de los ciudadanos de Castilla y León.

Ambos dirigentes han valorado el "trabajo conjunto" realizado para lograr este documento que se ha presentado en la Sala de Mapas de la Junta de Castilla y León en un acto en el que Herrera y Villarrubia han eludido referirse a los aspectos que les separan para ahondar en los acuerdos, aunque sí se ha aclarado que ha sido imposible avanzar en torno a la fiscalidad de la Comunidad y la sostenibilidad de los servicios públicos.

El empleo ha sido una de las principales preocupaciones tanto del presidente de la Junta como del secretario autonómico del PSOE, lo que ha llevado a cerrar un pacto para ejecutar un plan de choque de empleo local y para la juventud dotado con 30 millones de euros para 2013 —20 millones para entidades locales y 10 millones para juventud—.

El pacto sobre este plan de choque de empleo se materializará con la rúbrica mañana de un acuerdo enmarcado en el Diálogo Social a través del que se destallarán las líneas básicas de este Plan de Estímulos.

La Junta y el PSOE han avanzado en la consecución de acuerdos relativos a la ordenación, servicios y gobierno del territorio donde destaca que el próximo año se consignará un mínimo de 3.000 euros por municipio en fondos incondicionados. Así, se repartirá un importe de 1.000 euros básicos para cada municipio a lo que habrá que sumar 14 euros por habitante, aunque los municipios con menos población recibirán un mínimo de 3.000 euros.

Como se recoge en el pacto ningún municipio podrá recibir en 2013 más de 1,5 millones de euros y estas partidas se verán incrementadas un 10 por ciento en los presupuestos para 2014 y un 10 por ciento más en 2015. "En el futuro se tenderá a que la financiación sea incondicionada en el mayor porcentaje posible", recoge el documento.

LEY 'PICAS'

Herrera y Villarrubia han acordado además que Castilla y León desarrolle en el ámbito autonómico la denominada Ley de Participación en los Ingresos de las Comunidades Autónomas (Picas), algo que, como se establece en el pacto, se harán en los tres meses posteriores a la aprobación de la Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno en el territorio con el fin de materializar la participación de las entidades locales en los ingresos propios de la Comunidad.

No obstante, el presidente de la Junta ha insistido en que el Ejecutivo aprobará la Ley de Ordenación antes de que concluya el año aunque por el momento se ha aplazado para conocer la modificación Ley de Bases de Régimen Local del Gobierno que se llevará a cabo previsiblemente en noviembre. "No se trata de correr más que nadie", ha advertido Herrera, quien ha destacado que Castilla y León aprobará la normativa con las consiguientes consignas para que se adapte a la normativa estatal en el caso de que ésta no hubiera visto la luz.

Sobre este aspecto, Julio Villarrubia ha asegurado que a través de este acuerdo se han cerrado las líneas básicas aunque, como ha advertido, en la tramitación parlamentario de la normativa habrá "numerosas enmiendas" con el fin de que "el resultado final sea el mejor posible".

En el documento rubricado este miércoles ambos dirigentes insisten en la creación de las 'unidades básicas de ordenación y servicios del territorio' que se configurarán en un nuevo mapa territorial, al tiempo que se articularán nuevas fórmulas "más flexibles" para mejorar la cooperación entre las ciudades de más de 20.000 habitantes y los municipios de sus alfoces.

Del mismo modo se avanzará en la revisión de las Mancocuminidades de Interés General fruto de la asociación voluntaria de municipios y se reformarán y modernizarán las diputaciones, un punto en el que Herrera y Villarrubia han acordado promover en el ámbito nacional que la elección de diputados sea por sufragio directo.

Instituciones propias

Junta y PSOE han manifestado su intención de que las cuatro instituciones propias como son el Procurador del Común, el Consejo Consultivo, el Consejo Económico y Social y el Consejo de Cuentas formarán parte de la sección presupuestaria de las Cortes.

De este modo se suprimirán los altos cargos de estas instituciones excepto sus presidentes y los consejeros del Consejo Consultivo y de Cuentas y se eliminarán las secretarías generales para crear una única dependiente de la Presidencia de las Cortes, al tiempo que se homologarán progresivamente las retribuciones del personal a las del resto de funcionarios de la Comunidad.

La Presidencia de las cuatro instituciones, así como los cargos de los consejeros del Consultivo y de Cuentas, se podrán desempeñar sin dedicación exclusiva siempre que se solicite a petición propia, al tiempo que los consejeros del CES que actualmente nombra la Junta —dos— pasarán a nombrarse por las Cortes a propuesta de los grupos parlamentarios.

Reordenación del sector público

El presidente de la Junta ha adquirido el compromiso de que la reordenación del sector público empresarial y fundacional se llevará a cabo con el fin de reducir el gasto corriente y de personal en un 50 por ciento antes del 31 de diciembre de 2013, algo que se "adelanta", ya que el plazo inicial era hasta final de legislatura.

En este sentido y para acometer esta "ingrata" tarea de "prescindir" de profesionales, como ha señalado Herrera, se constituirá un grupo de trabajo para concretar y seguir la reordenación del sector público empresarial y fundacional de la Comunidad y que se completará con un informe financiero y de gestión que determine la necesidad y dimensión del futuro sector público.

De este grupo de trabajo formará parte miembros de la Junta y de los grupos parlamentarios con el fin de que el informe se lleve a efecto "a la mayor brevedad posible". Así, como ha explicado Herrera, este equipo deberá decidir si finalmente el "informe de externaliza".

En el documento pactado por Herrera y Villarrubia ha acordado mantener la configuración actual del Consejo de la Juventud y las ayudas de la Junta de Castilla y León hasta que se decida su futuro en el marco de la reordenación del sector público empresarial y fundacional de la Comunidad.

Sobre este aspecto, el presidente de la Junta ha explicado que el Ejecutivo regional no renuncia al objetivo de incluir la privatización del Consejo de la Juventud y ha apuntado a la posibilidad de que pudiera convertirse en una confederación de asociaciones juveniles.