El alcalde de San Fernando de Henares, Julio Setién (IU), cumple este lunes su quinto día de huelga de hambre para lograr que 200 vecinos de la localidad tengan acceso a sus 132 viviendas. "No puedo hacer más, pero no quiero quedarme de brazos cruzados mientras el problema entra en vía muerta", explicó el edil, de 64 años, en su blog el día que iniciaba su protesta frente a una oficina bancaria.

El de las casas de la Plaza de España es un problema a cuatro bandas. En primer lugar está el Ayuntamiento, que en 2009 decidió rehabilitar de forma integral los edificios colindantes de este enclave del casco histórico, unos inmuebles que sufrían un considerable deterioro. Para poder hacerlo sin coste para sus propietarios, constituyó la sociedad Plaza de España S.L., con un 49% participación pública.

La rehabilitación del casco histórico se inició con la creación de Plaza de España S.L., participada por los vecinosEl otro 51% pertenecía a los propios vecinos, segunda pata de la operación, que recibirían las viviendas sin coste alguno. Los beneficiarios deberían abandonar sus casas durante los dos años que, según se calculó, durarían los trabajos, siendo la sociedad la que les pagaría un alquiler transitorio.

La financiación de la operación correría a cargo de Bankia. Las empresas Ortiz y Corsán-Corvián llevarían a cabo la rehabilitación. Sin embargo, y pese a que la finalización de las obras estaba prevista para finales de 2011, las constructoras no han cobrado y se niegan a entregar las viviendas. Plaza de España S.L. tiene una deuda de 25 millones de euros y tampoco le quedan fondos para seguir sufragando los alquileres.

El Ayuntamiento reconoce que solicitó a las constructoras trabajos adicionales a los previstos. Para abonar la diferencia, sin embargo, no pide más dinero de los 54 millones que firmó con Bankia. Solo necesita que la entidad libere un plazo de 11 millones para poder pagar a las constructoras y que estas permitan el paso a los vecinos.

Si Bankia cumple, Plaza de España y el Ayuntamiento pagarían el resto de las cantidades a Ortiz y Corsán-Corvián mediante la venta de los locales comerciales situados en los bajos de los edificios rehabilitados (a 4.000 euros el metro cuadrado) y las nuevas plazas de garaje (25.000 euros).

Bankia exige más garantías para entregar el dinero y finalizar la operaciónSin embargo, las constructoras recurrieron a los tribunales y el juzgado de Primera Instancia de Coslada ordenó el pasado mes de septiembre el embargo cautelar de los bienes de Plaza de España S.L., por lo que, de momento, no puede vender nada. Bankia, que conoce la situación, se niega a aportar el dinero si el Ayuntamiento no pone garantías adicionales, algo que, de momento, no ha sucedido. La entidad garantiza que va a intentar "que cada vecino pueda tener su vivienda".

Bankia emplazó a Setién a mantener un encuentro este lunes por la tarde. A la salida del mismo, el alcalde ha dicho que se "ha iniciado un diálogo para desbloquear la situación", pero que no hay nada concluyente ni "firme", por lo que seguirá adelante con su huelga de hambre frente a la oficina situada entre el Teatro Rafael Alberti y la Plaza de España hasta que los médicos le convenzan de lo contrario. "Me encuentro un poco flojo, bastante cansado y con muchas molestias; estoy a base de agua y azúcar desde el jueves. Pero el apoyo de 2.000 vecinos, da muchos ánimos", asegura.

"El día 13, si no hay acuerdo, habrá que ponerlo en manos de los jueces. Pero no queremos llegar a eso: preferimos un acuerdo, para que el problema no se eternice en los tribunales", explica el edil. "En agosto se llegó a un acuerdo con Bankia para un plan de pagos, pero hace dos semanas se han echado para atrás", concluye.

Desde la oposición, el PSOE exige explicaciones a Julio Setién y exige la convocatoria de la comisión informativa municipal aprobada en pleno: "¿Cómo es posible que el alcalde haya negado problema alguno en la gestión de Plaza España y ahora se ponga en huelga de hambre? ¿Mentía antes o pretende ocultar algo más ahora?".

El PP denuncia la existencia de "irregularidades" en todo el proceso de rehabilitación, empezando porque el Ayuntamiento no solicitó la calificación como vivienda protegida de precio limitado (VPPL) de 52 de las 132 casas de Plaza de España. "Entregaron en aquel momento una señal de 12.480€ con la promesa de recibir su vivienda antes del comienzo de 2012, sin que les entregaran ni siquiera una factura a cambio del dinero ingresado, lo que podría suponer un delito fiscal", denuncia el grupo.