El Ministerio de Fomento está sacando adelante su reforma de la ley que rige el alquiler de viviendas en España, pero no parece estar recibiendo el aplauso del sector; al menos no de la mayoría de sus actores.

La reforma de la ministra Ana Pastror ha recibido el rechazo de los consumidores (OCU y FACUA), del Consejo de la Juventud de España o de los sindicatos. Apenas ha sumado el visto bueno de las empresas dedicadas al alquiler "asegurado" de pisos. El último "no" ha venido de los agentes inmobiliarios.

El Colegio y Asociación de Agentes Inmobiliarios (Api) rechaza el proyecto de Ley de Medidas para Flexibilizar el Alquiler, impulsada por el Gobierno, que considera que creará inseguridad, problemas y gastos innecesarios. Los agentes inmobiliarios han trasladado su oposición a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados.

El presidente de los Api en Cataluña, Joan Ollé, opina que la obligatoriedad de registrar los contratos de arrendamiento en el Registro de la Propiedad es una "losa muy pesada". Ollé apunta que se podría solucionar mediante los registros autonómicos de fianzas para evitar costes e incertidumbres a los profesionales inmobiliarios.

Esta asociación también ha considera que el inquilino quedará desprotegido ante la incertidumbre de extinción del contrato de arrendamiento por venta o necesidad no advertida de forma previa. Ollé apuesta por un "potente servicio privado de mediación" en alquiler, venta y ejecuciones.

Como decíamos, el no de los agentes inmobiliarios se suma al de otros colectivos y asociaciones. Organizaciones de consumidores como Facua y OCU entienden que con las nuevas medidas el Gobierno desprotege a los inquilinos e imposibilita la bajada de alquiler. Ambas defienden que se mantengan los plazos establecidos para el alquiler de una vivienda para dar garantías a ambas partes.

El Consejo de la Juventud de España (CJE) rechaza también la reforma de la Ley del Alquiler por considerar que es una medida "no adecuada" en el mismo momento que se ha suprimido la Renta Básica de Emancipación y se están "batiendo récords" de desahucio que "afectan directamente a la infancia y a la juventud".

Finalmemte, también el sindicato UGT rechaza los cambios introducidos por el Ministerio de Fomento. Entiende que el anteproyecto no va a incentivar el alquiler y supone "un recorte de garantías y derechos de los inquilinos".