La Comunidad de Madrid ha decidido cerrar seis de los ocho centros de encuentro familiar (CEF) existentes en la región y derivar a las 850 familias que los usaban a dos centros de apoyo a la familia situados en Madrid capital y en Majadahonda.

Los centros de encuentro eran lugares especializados para el cumplimiento del régimen de visitas a los menores establecido por los jueces tras al divorcio/separación de los padres, en casos existencia de denuncias por violencia de género u órdenes de alejamiento.

Sus equipos técnicos, compuestos de psicólogos y trabajadores sociales, vigilaban la entrega de los niños entre los progenitores y supervisaban las visitas que se realizaban en las propias dependencias, especialmente preparadas para evitar que los padres tuviesen contacto entre sí.

En los últimos seis meses, informó la Cadena Ser, la Comunidad decidió eliminarlos y traspasar a parte de sus trabajadores a los centros de apoyo a la familia (CAF), dedicados a asesorar en problemas de la vida diaria como el diálogo en la pareja, la llegada de los hijos, cómo afrontar una separación o cómo poner límites a los niños o tratar los suspensos en el colegio.

El CEF de Madrid Noroeste dejó de funcionar a finales de marzo. El 30 de abril cesaron su actividad los de Arganda y Colmenar Viejo. El de Valdemoro cerró el 30 de junio. El de Alcalá de Henares lo hizo el 30 de julio pese a tener una lista de espera de 10 a 12 meses, según denunció el Partido Socialista de Madrid. El de San Martín de la Vega desapareció en 2006 por falta de usuarios.

Cada CEF atendía a entre 150 y 190 familiasCada centro atendía a entre 150 y 190 familias, ahora, todas tienen que trasladarse al centro de Madrid o a Majadahonda para cumplir el régimen de visitas. Solo los usuarios de los CEF de Móstoles y Las Rozas conservan el servicio. Este martes, el presidente regional, Ignacio González, anunció que estos dos últimos se mantendrán "de momento".

El Partido Socialista de Madrid, que llevó la cuestión al parlamento regional en el mes de mayo, denuncia situaciones "dantescas" a consecuencia de la imposibilidad de algunos padres para desplazarse hasta los CEF. "Hay familias que están entregando a sus hijos en las puertas de comisaría, sin que un policía esté delante porque no hay ninguna orden judicial, la orden judicial que está vigente es la que había que entregarlos en los puntos de encuentro", denunció la diputada Carla Antonelli.

Los regionales no son los únicos centros de encuentro familiar que existen. El Ayuntamiento de Fuenlabrada, por ejemplo, financia conjuntamente con el Ministerio de Asuntos Sociales uno propio. Está gestionado por la Asociación para la Protección del Menor (Aprome), que también se ocupa de los tres que tiene el Ayuntamiento de Madrid. Getafe cuenta con otro a cargo de la empresa Grupo 5.

Altius y Cesal, pertenecientes a organizaciones religiosas, gestionan centros familiares y de inmigrantesPinto también cuenta con un punto de encuentro municipal. En enero de 2012, la alcaldesa, Miriam Rabaneda (PP), adjudicó la gestión del mismo a la Fundación Altius, perteneciente a la Universidad Francisco de Vitoria, a su vez propiedad de la congregación religiosa de los Legionarios de Cristo.

Altius también gestiona las instalaciones públicas de Parla. En septiembre abrió su propio centro privado de pago en la Ronda de Segovia de Madrid. Además, es adjudicataria de cuatro centros públicos de Participación e Integración de la Comunidad de Madrid (Cepi). Estos son el Centro Hispano Colombiano, el Centro Hispano Peruano, el Hispano Americano e Hispano Centroamericano. Por su gestión reciben 1,6 millones de euros al año de la Comunidad de Madrid.

Otro de estos servicios, el Centro Hispano Dominicano, fue adjudicado a la ONG Cesal, perteneciente al movimiento cristiano Comunión y Liberación.

La Comunidad de Madrid asegura que el cierre de los CEF y la integración de sus servicios en los centros de apoyo a la familia no suponen un desmantelamiento de la red, sino "un proceso de racionalización" para prestar la atención "de manera más eficiente" en época de recortes.

La oposición cree que el Gobierno de Ignacio González quiere dejar caducar todos los contratos actuales para adjudicar dejar los centros en manos de organizaciones como los Legionarios, que el PSM califica de "ultrarreligiosas".