La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), Pilar de la Oliva, ha sido muy contundente en el acto de Apertura del Año Judicial 201-13 y ha exigido un "compromiso" político para evitar el retraso en las resoluciones judiciales. También ha pedido que la Administración valenciana "trabaje" para los ciudadanos.

De la Oliva ha basado su discurso en exponer las necesidades en Justicia y en describir el trabajo al que se enfrenta un juez en su día a día. Previamente a su intervención, se ha impuesto la Cruz de San Raimundo al magistrado Antonio Martínez Zamora, de la sala de lo Social.

La presidenta del TSJCV ha estado acompañada en el acto, entre otras personalidades del mundo jurídico, el fiscal superior de la Comunitat, Ricard Cabedo; la portavoz y el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo y Fernando de Rosa, respectivamente; el conseller de Justicia, Jorge Cabré; y la delegada del Gobierno en la autonomía, Paula Sánchez de León.

En su discurso, De la Oliva ha sido clara: "la justicia no ha sido hasta ahora una prioridad política". Y a partir de esta frase, ha empezado a explicar que el Poder Judicial "está acostumbrado" a trabajar en la "escasez" y a no contar con la "suficiente" atención presupuestaria para alcanzar la "eficacia" para la que está preparado.

La justicia —ha agregado— acumula décadas de retraso en modernidad y disposición de medios para que los ciudadanos sientan como eficientes las resoluciones de los jueces y magistrados. Ha indicado que el mapa judicial no ha aumentado en número de juzgados y que, por tanto, es tiempo de priorizar las inversiones en los servicios fundamentales.

En esta línea, la presidenta del TSJCV ha lamentado que en la actualidad se está viviendo una situación de "auténtico colapso" en los juzgados de lo Social; y este "colapso" —ha dicho— "no es verbalizar que un juez asuma tres o cuatro veces la carga de trabajo que objetivamente considera idónea el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), si no que el colapso "es conocer con nombres y apellidos a miles de personas pendientes de saber cómo queda su despido, a qué tiene derecho", ha dicho.

Asimismo, ha resaltado que los juzgados de Lo Mercantil tienen sus mesas "repletas" de expedientes que detallan la "dura" situación de los pequeños empresarios: "son esos que están detrás de las estadísticas que cuantifican cuántos autónomos han dejado de cotizar, cuántos establecimientos han cerrado, cuántas naves de polígonos industriales han quedado ya vacías..."

Además, ha puesto de manifiesto la "necesidad" de contar con bases de datos actualizadas, conexiones adecuadas, refuerzos de jueces y secretarios, de funcionarios. En esta línea, De la Oliva entiende que en muchas ocasiones "no se trata de incorporar más personas, si no de permitir su movilidad y de ajustar plantillas en función de las cargas de trabajo".

Situación "preocupante"

Ante esta "preocupante" situación, la presidenta del TSJCV ha dicho que quiere, que exige un "compromiso" político para evitar que las resoluciones lleguen tarde: "necesitamos —ha indicado textualmente— ese compromiso, porque lo necesitan los ciudadanos. y esta crisis merece ese compromiso de una administración que verdaderamente trabaje por y para sus ciudadanos".

Se trata, ha apostillado, de que la Administración "apueste por la Justicia, que se dedique, de verdad, a mejorar su operatividad". Ha resaltado que "es tiempo" de priorizar las inversiones en los servicios fundamentales, de reconocer el "importante" papel que esos servicios tienen en una convivencia pacífica, en el desarrollo social y económico.

De la Oliva entiende que ni la crisis ni las reformas emprendidas "deben dejar atrás los logros alcanzados con tanto esfuerzo por el conjunto de la sociedad". Ante ello, ha insistido en que los jueces y magistrados de la Comunitat están dispuestos y preparados para seguir participando del esfuerzo por salir adelante; y ha reiterado el compromiso de éstos en hacer un trabajo "tenaz, callado e independiente".

Pero ha insistido en que su esfuerzo no tendrá el resultado adecuado sin ayuda, fundamentalmente, de la Administración, de los dirigentes políticos. Ellos —ha recordado— "son los responsables" de elaborar las leyes más adecuadas a la realidad social, y los encargados de diseñar las mejores estructuras productivas. Se trata, ha concluido, "de que la Administración apueste por la Justicia, y se dedique, de verdad, a mejorar su operatividad".