Algo más de un millar de empleados (y en muchos casos también accionistas) se han sindicado para personarse como acusación particular en el juicio contra la cúpula directiva de BFA-Bankia, en la que tanto UPyD como la Fiscalía ejercen de acusación popular.
Pese a que la solicitud fue tramitada a inicios del verano, el autodenominado Sindicato de Accionistas, formado por cuadros y mandos intermedios de la entidad, espera que el juez Fernando Andreu les admita esta semana en el proceso, si bien hasta el momento no ha sido admitida ninguna.
"Somos una acusación particular porque somos afectados por partida doble: por ser empleados y controlar cerca de 1,5 millones de acciones de Bankia", señala Ismael Oliver Romero, abogado y portavoz de los querellantes, que además de personarse contra los 33 consejeros de BFA-Bankia por delitos societarios y posible administración desleal, han extendido su acusación a los reguladores —Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores y FROB—y al consejo del Banco de Valencia, al que los trabajadores incluyen en el mismo entramado corporativo.


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