Las mujeres que abortaron en las clínicas del doctor Morín aún podrían ser imputadas

Las mujeres que abortaron en las clínicas del doctor Morín todavía podrían resultar imputadas en el proceso, dado que la juez instructora decretó en su día el archivo provisional, y no libre, de las diligencias abiertas en su contra.

Así lo ha advertido este martes Eduardo Navarro, presidente del tribunal de la sección sexta de la Audiencia de Barcelona, que juzga a Carlos Morín y a su equipo médico por un centenar de abortos ilegales practicados en sus clínicas de Barcelona, por los que se enfrenta a una pena de más de 300 años de prisión.

Navarro ha advertido ante las partes personadas en el juicio de la singular situación en que declararán las mujeres que abortaron en las clínicas de Morín, dado que han sido citadas como testigos pero podrían ser interrogadas sobre cuestiones que les acarrearían responsabilidades penales.

Esa situación en que se encuentran las pacientes de las clínicas de Morín se deriva del hecho de que la titular del Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona, que investigaba el caso, decretó en su día el sobreseimiento provisional de las actuaciones contra ellas, en vez del libre, que habría supuesto su archivo definitivo, sin que sus defensas recurrieran.

Por ese motivo, el presidente del tribunal ha resaltado que esas mujeres declararán "en condiciones especiales" y que se las eximirá de responder a las preguntas que podrían incriminarlas y comportar su imputación, una decisión que da oxígeno a las defensas porque limitará los testimonios de cargo.

El macrojuicio por los abortos ilegales se inició el pasado viernes, en una sesión en la que las defensas pidieron la nulidad del proceso por considerar que se había iniciado a raíz de una prueba ilícita, el documental con cámara oculta de la clínica de Morín realizado por una televisión danesa.

Sin embargo, el tribunal ha rechazado este martes "de plano" que el proceso sea nulo, al considerar que no fue el vídeo con cámara oculta el que dio inició al proceso penal contra Morín, sino que éste arrancó de una querella de la organización E-Cristians que "iba mucho más allá" y ampliaba los hechos denunciados en el documental. La Sala ha desestimado también las alegaciones formuladas por la defensa de Morín respecto a que en la época de los hechos no existía una ley del aborto propiamente dicha y ha sostenido que "nunca ha habido un vacío legal" sobre la materia en España.

El tribunal ha rechazado también la propuesta de las acusaciones de que se visionara el documental de la televisión danesa y se citara a declarar a los periodistas que lo elaboraron, argumentando que ese vídeo es una prueba ilícita y que los reporteros "nada podrían aportar" al esclarecimiento de los hechos.

En su decisión de rechazar la nulidad de actuaciones, la Sala ha dado la razón a los argumentos de la acusación particular ejercida por E-Cristians, cuyo presidente, Josep Miró i Ardèvol, ha insistido en que su querella no se basaba en exclusiva en el vídeo de televisión, sino sobre todo en las declaraciones de dos testigos protegidas que contaron lo que sucedía en las clínicas de Morín.

Miró i Ardèvol ha señalado, en declaraciones a la prensa, que el hecho de que fuera un medio de comunicación extranjero el que destapara el caso demuestra la magnitud de los hechos que sucedían en las clínicas y el silencio de las administraciones. A las puertas de la Audiencia de Barcelona se ha concentrado una decena de manifestantes antiabortistas, tras una pancarta que defendía el "derecho a vivir".

Además, Morín se ha negado a responder a las preguntas de la fiscal y de las acusaciones, y únicamente lo ha hecho a las preguntas de su abogado, en las que ha rechazado haber cometido delitos de aborto: "todas (las interrupciones de embarazo) se hacía en las semanas legales", ha recalcado después en declaraciones a los medios.

Morín ha asegurado que no ha falseado ninguna historial de sus pacientes y que las clínicas contaban con un equipo de psicólogos "con sus propias dependencias" que analizaban la idoneidad de la intervención. Al preguntársele sobre cuánto cobraba a las pacientes por cada aborto, ha respondido que el precio oscilaba entre 2.000 y 2.200 euros en función de las semanas de gestación, cuyo máximo se aplicaba a las 22 semanas.

Sobre la trituradora encontrada en una de sus clínicas, la ha desvinculado de los abortos, asegurando que eran utilizadas para prácticas con pollos después de un convenio con la UAB y la Universidad de Zaragoza: "Es muy diferentes hablar de veterinaria que de restos humanos", ha insistido a los medios.

También ha declarado este martes por la mañana la mujer de Morín, María Luisa Duran, que al igual que su marido se ha negado a responder a la fiscal y a las acusaciones, atendiendo únicamente a las cuestiones planteadas por su abogado.

En su intervención, ha tratado de dejar claro que su trabajo en una de las clínicas únicamente como enfermera pero no tenía "ningún beneficio" a mayores, pues no participaba en su gestión ni tenía acciones de la empresa. Únicamente recibía a las pacientes, al igual que ha dicho que hacían otras enfermeras, y les facilitaba la información y los papeles para iniciar los trámites pero sin condicionarlas, aunque ha reconocido que ayudaba a las que no sabían ni leer ni escribir.

"No entraba una señora por la puerta de la clínica y era un aquí te pillo aquí te mato", ha explicado gráficamente para tratar de dejar claro que no condicionaba a las pacientes. Ha justificado que se cobraban los abortos en efectivo porque eran "situaciones delicadas" en las que algunas de las pacientes no querían dejar rastro de las intervenciones por motivos familiares.