El Gobierno de Ceuta que preside Juan Vivas (PP) destina cada mes 148.500 euros a su programa de alojamiento alternativo, con el que subvenciona los gastos de alquiler de 383 familias, unas 1.200 personas.
La inmensa mayoría reside en viviendas en régimen de arrendamiento, mientras que una veintena lo hace en dos albergues locales, según ha precisado el secretario de Política Social del PSOE de Ceuta, Pablo Núñez, durante la presentación de las enmiendas que su partido ha presentado al nuevo Reglamento de la prestación, con el que el Ejecutivo local pretende mejorar su gestión y limitar a 300 euros la cuantía máxima a recibir cada mes por sus beneficiarios.
Los socialistas, ha detallado Núñez en declaraciones a los medios, son partidarios de eliminar este techo de ayuda máxima a recibir y de poner en marcha, "de forma directa o a través de otra fórmula vía convenios con la Gerencia de Infraestructuras y Urbanismo o agencias inmobiliarias", una bolsa de inmuebles de titularidad privada "disponibles para alquiler para alojamiento alternativo" a la que también deberían ir a parar "al menos el cinco por ciento de las viviendas de promoción pública" que se construyan en la ciudad.
El texto del nuevo Reglamento de Alojamiento Alternativo de la Ciudad Autónoma aprobado inicialmente establece como motivo de exclusión para el acceso a las prestaciones públicas que el solicitante haya "renunciado a un puesto de trabajo sin causa justificada dentro de los seis meses anteriores a la petición" o "que haya causado baja voluntaria en su trabajo, ya sea por cuenta propia o ajena, dentro de los doce meses anteriores".
El documento limita, además, a 700 euros mensuales la renta máxima a subvencionar por la Administración local y fijará en 60 mensualidades, cinco años, el periodo tope durante el que se podrán percibir ayudas al alquiler. Una vez extinguida la prestación, no podrá pedirse de nuevo hasta que pasen 18 meses.
Tampoco podrán recibir ayudas aquellas unidades familiares que, una vez descontado el importe de su alquiler de sus ingresos mensuales, tengan disponible el 65 por ciento de los mismos.
Los solicitantes susceptibles de recibir ayudas deberán ser residentes legales en España mayores de edad con una antigüedad mínima como empadronados en Ceuta de dos años que, además, acrediten tener "una fuente regular de ingresos".
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