La Consejería de Sanidad estudiará el procedimiento con los inmigrantes que no puedan abonar las facturas de asistencia

La Consejería de Sanidad estudiará el procedimiento con los inmigrantes que no puedan abonar las facturas de asistencia

Sáez Aguado cifra estima entre 4.500 y 5.000 las personas extranjeras sin derecho a la asistencia gratuita en Castilla y León

El consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Antonio María Sáez Aguado, ha asegurado que se estudiará el procedimiento a seguir con los inmigrantes que se encuentran en situación irregular en la Comunidad y a quienes se facture la asistencia sanitaria y ha apuntado que, en primer lugar se tratará de reclamar el pago a su país de origen, pero si finalmente el paciente no tiene fondos "irá a impagados", si bien ha reconocido que no puede explicarlo "con claridad".

En declaraciones recogidas por Europa Press tras la reunión que ha mantenido en el Palacio de la Asunción de Valladolid la ministra de Sanidad, Servicios Sociales y Familia, Ana Mato, con consejeros del ramo de nueve comunidades autónomas (Aragón, Cataluña, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, Murcia, Comunidad Valenciana y Castilla y León), Sáez Aguado ha aportado algunos detalles sobre la aplicación del Real Decreto sobre reformas en el Sistema Nacional de Salud en la región.

Sáez Aguado ha reiterado en varias ocasiones que en Castilla y León se atenderá "a todos quienes lo necesiten", sean titulares o no de la tarjeta sanitaria que regirá el derecho a la atención sanitaria. Pero en el caso de que no la posean, se reclamará el seguro de pago que establecerá el Ministerio de Sanidad o se trasladará la factura a sus respectivos países si existe un acuerdo en vigor con los mismos, antes de "en último término" facturar el coste a las propias personas.

También ha recalcado, como ha explicado previamente la ministra de Sanidad, que se garantizará especialmente la asistencia en atención primaria y a las personas que corren riesgos vitales, como por ejemplo los pacientes dializados. "Aunque no tengan recursos, no les vamos a dejar de atender", ha apostillado el consejero, que ha atendido a los medios de comunicación durante un receso del encuentro.

En el hipotético caso de los inmigrantes en situación irregular que no tengan recursos para afrontar los pagos, el consejero ha reconocido que "estudiarán las situaciones que se produzcan" y, en último término, ha asumido que pasarán al apartado de impagados.

Seguro de pago

No obstante, ha considerado que "algunos inmigrantes irregulares" podrían permitirse pagar el seguro de 710 euros al año, "dos euros al día", ha calculado Sáez Aguado, que se establecerá para que los extranjeros sin residencia legal en España puedan recibir asistencia sanitaria.

El responsable del sistema de Salud de Castilla y León ha señalado que, en todo caso, la modificación de la normativa no corresponde a afrontar el problema de los inmigrantes irregulares, sino a reaccionar ante una instancia europea que recomienda establecer "qué personas tienen derecho" a la prestación sanitaria. En este sentido, ha recordado los datos de que en 2009, en España, se atendió a 600.000 extranjeros sin que se pudiera facturar la asistencia a sus países.

Esas personas supusieron un coste estimado de 900 millones de euros a las arcas del Estado español, en base a lo cual la Consejería de Sanidad ha estimado que en Castilla y León son unos "4.500 o 5.000" las personas que podrían requerir la asistencia sanitaria sin tener derecho a la misma de forma gratuita, al no ser titulares de la tarjeta. En todo caso, ha matizado que resulta "difícil" calcular el coste que suponen estas personas en la Comunidad.

Ante las preguntas de los medios de comunicación, el consejero ha negado la posibilidad de establecer una ayuda a los inmigrantes irregulares que no puedan pagar el seguro sanitario, tal y como se ha aprobado en la Comunidad de Navarra, ya que la situación económica de Castilla y León no lo permite. No obstante, se ha mostrado a favor de esta medida, en contraposición con la negativa de otras regiones a negarse a aplicar las modificaciones del Real Decreto.

Por otra parte, ha manifestado que espera que el giro de las facturas a los pacientes sin tarjeta sanitaria no suponga una saturación de los servicios de Urgencias pues ha incidido en que en atención primaria se prestará servicio a "quien lo necesite".

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