El PSOE ha pedido la comparecencia en las Cortes del consejero de Educación, Juan José Mateos, para que explique cómo recuperará el dinero otorgado a centros educativos que discriminan por sexo, algo que tras una sentencia del Tribunal Supremo los socialistas consideran que pone a Castilla y León en una situación de "ilegalidad manifiesta".

Así lo ha asegurado la portavoz socialista de Educación en las Cortes, Ángela Marqués, durante una rueda de prensa junto al secretario general del PSOE de Valladolid, Javier Izquierdo, y al procurador Jorge Félix Alonso para analizar algunos de los recortes del Gobierno autonómico.

Marqués, a raíz de esta sentencia del Tribunal Supremo (TS) que ha dado la razón a la Junta de Andalucía y al último Gobierno de Cantabria que negaron el concierto a dos colegios en los que se imparte educación diferenciada por sexo, cree que se ha dejado claro que es "ilegal" sufragar actividades a centros que hacen una discriminación por sexo.

Asimismo, ha recordado que la Consejería de Educación también destina dos millones de euros a seminarios católicos que llevan a cabo una selección por razón de sexo.

Por ello, los socialistas han pedido la comparecencia del consejero para saber qué hacer para recuperar un dinero público que se destina a estas cuestiones, sobre todo cuando el curso pasado se recortaron a los centros públicos los gastos de funcionamiento entre un 30 y un 80 por ciento.

Acciones políticas

En esta línea, Ángela Marqués ha aclarado que el PSOE no tiene intención de acudir a la vía política para no judicializar esta cuestión y tratarán de que se solucione por la vía política y "lo primero" que pretenden es saber cómo se va a solucionar lo de este curso y ver el criterio de la Junta antes de llevar a cabo cualquier iniciativa.

La procuradora, que considera que en un momento de crisis no se puede financiar con dinero pública a "colegios segregacionistas", también ha criticado al ministro de Educación, José Ignacio Wert, por justificar estas financiaciones con argumentos de una declaración de la Unesco de los años sesenta. "Como mujer española del siglo XXI me preocupa y me da vergüenza", ha asegurado Marqués, quien ha añadido que no quiere que la "referencia" sea la de los años sesenta.

Por su parte, Javier Izquierdo se ha felicitado por la sentencia del Tribunal Supremo y ha asegurado no entender que se financian estos centros —cuatro en el caso de Valladolid— si se quiere hablar de igualdad de género, por lo que le parece una buena decisión que no se haga.

Además, ha explicado que se trata de colegios "tremendamente elitistas", por lo que ha abogado por que quien quiera llevar a sus hijos a los mismos "lo pague de su bolsillo" y no se utilice dinero público.

Izquierdo ha recordado que la enseñanza concertada tiene la función de complementar la red pública allá donde esta no llegue, pero cree que carece de lógica que haya centros públicos "languideciendo" donde no se hagan ampliaciones y "al lado" los privados sí lo hagan.