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Mellet se acoge a su derecho a no declarar y dice sentirse víctima de "una persecución personal"

El exgerente de Mercasevilla Fernando Mellet se ha acogido a su derecho a no declarar en la comisión de investigación creada en el Parlamento andaluz sobre el caso de las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE), al tiempo que ha dicho sentirse víctima de una "persecución personal" en los últimos tres años, fruto de una "batalla política entre los grandes partidos para alcanzar cotas de poder".

El exgerente de Mercasevilla Fernando Mellet se ha acogido a su derecho a no declarar en la comisión de investigación creada en el Parlamento andaluz sobre el caso de las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE), al tiempo que ha dicho sentirse víctima de una "persecución personal" en los últimos tres años, fruto de una "batalla política entre los grandes partidos para alcanzar cotas de poder".

Durante su intervención, en la que no ha aceptado preguntas por parte de los grupos parlamentarios, ha dicho que comparece en la comisión de investigación sobre las posibles irregularidades políticas y administrativas relacionadas con la concesión de ayudas sociolaborales y tramitación de expedientes de regulación de empleo, "sin haber tenido responsabilidad política ni administrativa en administración alguna".

Mellet, imputado en los cuatro sumarios relacionados con la lonja sevillana y cuyo expediente de regulación de empleo fue el origen que destapó la supuesta trama en relación a las ayudas sociolaborales, ha justificado su decisión de no declarar en la comisión ni de responder preguntas en el hecho de encontrarse inmerso un procedimiento judicial. Si bien, ha asegurado que cuando éste finalice no tendría "ningún problema" en volver a la comisión y declarar.

No obstante, ha apuntado que, aunque no va a contestar preguntas, sí que quiere hacer una serie de declaraciones que pudieran ser "de interés" para la comisión. Así, ha querido dejar claro que "en ningún momento" ha desarrollado actividades de función pública, administrativa o política alguna durante el periodo en que fue gerente de Mercasevilla. "No tuve por tanto ninguna capacidad de decisión o de actuación desde un punto de vista político o administrativo", ha añadido.

Asimismo, ha destacado que a raíz de la grabación "ilegal" que le hicieron en su despacho de una conversación privada con su antiguo director adjunto, Daniel Ponce, —donde presuntamente habrían pedido a empresarios 450.000 euros a cambio de la adjudicación de la gestión de la futura escuela de hostelería del mercado central—, se abrió un procedimiento contra él y otras personas, "que no ha sido más que un puente político hacia la asunción de más altas cotas de poder político, a través de los denunciantes interesados".

"Se han obtenido unas altas cotas de poder tras la difusión mediática de los contenidos de la investigación, que han sido utilizados para dañar mi imagen y mi profesionalidad, sin respetar mi presunción de inocencia", ha lamentado Mellet, quien ha afirmado que ha habido una "utilización indebida" de dicha grabación para obtener "rédito electoral".

Tras insistir en que se ha sentido "vilipendiando" y "víctima de un escarnio público" contra su persona, el exgerente de Mercasevilla ha explicado que está intentando, mediante un recurso al Tribunal Constitucional para que el contenido de la grabación no tenga validez, al suponer "una gravísima vulneración de derechos fundamentales sobre mi persona".

En esta punto, Mellet ha manifestado "de forma categórica" que no hubo ninguna irregularidad en la solicitud de subvención para el centro de hostelería, ni tampoco en la tramitación de los ERE de 2003 y 2007. "Estas actuaciones estuvieron controladas por la Consejería de Empleo, con resoluciones dictadas que se mantienen vigentes en el ámbito jurídico, sin haber sido anuladas y que obedecen a una correcta actuación por parte de Mercasevilla", ha añadido.

En relación al exdelegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas y al exconsejero de Empleo Antonio Fernández, Mellet ha dicho que el primero intervino en la concesión y autorización del ERE de 2003 y su continuación en 2007 y que el segundo intervino en la firma del convenio de colaboración con el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y los empresarios de hostelería.

"Es posible que no siendo quien les habla cargo político o administrativo, no pueda llegar a alcanzar las responsabilidades de otras personas", ha señalado el exgerente de Mercasevilla, quien ha considerado que no es su "misión" entrar a valorar las actuaciones de los altos cargos de la Junta, aunque sí de algún modo, en lo que se refiere a que se hayan suspendido las prestaciones de personas que estaban bajo de dependencia.

Inexistencia de anulación de los ere,

Ni de reintegro

En esta línea, Mellet ha insistido en la "inexistencia" de objeciones a la continuación de los pagos comprometidos por el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, dada la "absoluta legalidad" del expediente aprobado en 2003 y también el de 2007, "que pasaron todos los requisitos legales". Fruto de ello, según ha apuntado, es que no se haya llevado a cabo inicio de expediente alguno de anulación de ninguno de estos ERE, ni expediente de reintegro.

Asimismo, ha apuntado que no fue hasta el "desafortunado momento" en que "por el motivo que fuera, personal o político, la cúpula de la Consejería de Empleo decidió aceptar como válida la grabación contra mis derechos constitucionales y ponerla en conocimiento de la Fiscalía, cuando varía la actitud hacia la continuación del ERE de 2003, firmado en 2007".

"Sin ánimo de conjeturar, los pagos comprometidos por Guerrero, se dejaron a abonar para dirigir el foco de atención hacia Mercasevilla", ha afirmado Mellet, quien ha indicado que tanto el ERE de 2003 como el de 2007 tenían como objeto dar cumplimiento a los acuerdos entre la dirección de la empresa y el comité de empresa, "conforme a los criterios marcados por la Junta".

De igual modo, Mellet ha querido dejar claro que "en ningún caso" participó en las reuniones de los trabajadores y las aseguradoras, que no tuvo relación con Guerrero para el compromiso de los pagos respecto a la póliza de 2007, que su trabajo se limitó "exclusivamente" a representar a la empresa de Mercasevilla, que no instó a nadie a incluir a intrusos en los ERE, que no ha tenido ningún compromiso personal ni político con nadie que figure en ninguno de los ERE, y que la posibilidad de influir con las aseguradoras "solo podía atribuirse a quienes gestionaban el sistema construido".

Mellete ha considerado "absolutamente injusto" que los trabajadores incluidos en el ERE de Mercasevilla tengan paralizadas las ayudas y hayan tenido que acudir a los tribunales, algo que ha considerado "una discriminación" que no se ha hecho con otras empresas. Por último, ha dicho esperar que se llegue "hasta las últimas consecuencias" en el marco de la investigación emprendida y también a la "verdad".

Posteriormente, ha tenido lugar el turno de intervención de los grupos parlamentarios, en el que el PSOE-A, al igual que en las comparecencias de la mañana no ha formulado las preguntas para respetar el derecho a no declarar del interviniente. Si bien, ha hecho a entrega a la Presidencia de la comisión de un listado con la mismas para que se las envíe a Mellet y éste las conteste por escrito.

Por su parte, la diputada de IULV-CA Alba Doblas le ha preguntado, entre otras cuestiones, si se ha sentido presionado por algún dirigente de la Junta para la obtención de algún tipo de fondo; cuál era su relación exacta con Rivas en el caso de la escuela de Hostelería; si ha tenido reuniones con altos cargos de la Junta; si conoció a Juan Lanzas; o si conocía que se hubieran incluido a intrusos en los ERE.

Finalmente, el diputado del PP-A Rafael Salas ha preguntado si de la conversación grabada se plantea una "dinámica fraudulenta"; si es cierto que antes de solicitar el ERE de Mercasevilla ya se tenía pactada la financiación de la Junta; si es cierto que el ERE de 2003 se hizo a fin de dar cumplimiento a una sentencia del Tribunal de la Competencia del año 2002 y reducir plantilla; o si envió un listado a Generali de los trabajadores incluidos en el ERE en el que se incluía a Juan Lanzas.

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