El Grupo Regionalista en el Ayuntamiento de Torrelavega considera un "despropósito" que el alcalde, Ildefonso Calderón, "ponga zancadillas" a empresas del polígono de Tanos Viernóles y las "obligue" a acudir a los tribunales.

En un comunicado, el PRC se ha referido a una empresa en concreto, Codelse, dedicada a telefonía y cuyo titular es Fermín García Balbás, presidente de la asociación de empresarios del polígono, que ha acudido al juzgado de lo contencioso-administrativo para recurrir una resolución de Alcaldía aprobada a principios de este verano.

Dicho acuerdo contempla la instalación "en mitad de la parcela" de esta empresa del sistema general de hidrantes, que se ubicará en superficie y en la rampa de acceso a los garajes, cuando en el momento de la venta del terreno no se contemplaba tal implantación.

Los regionalistas consideran que este extremo evidencia que el equipo de gobierno 'popular', lejos de "favorecer el apoyo y allanar el camino" a las empresas para que "se consoliden en el polígono y centren sus esfuerzos en dinamizar su actividad económica", opte por "dificultar y distraer" estos objetivos.

En este sentido, el PRC lamenta que el PP esté "obligando" a las empresas a acudir a instancias judiciales para resolver cuestiones que, "con un mínimo de buena voluntad, debieran estar solucionadas".

El Grupo Regionalista explica que la empresa se inauguró hace poco más de un año, cuando el alcalde manifestó "la solución definitiva de los problemas urbanísticos y de servicios del polígono", anunciando que sería "el mejor dotado de Cantabria". Sin embargo, lamentan, "el desbloqueo se materializa en una demanda judicial contra el propio Ayuntamiento".

También aseguran que la empresa ha hecho "múltiples intentos" para que se solucionara su problema, ya que la ubicación del sistema general de hidrantes en superficie y en la rampa de acceso a garajes suponía un "evidente perjuicio".

Pero aunque se modificó la implantación con el visto bueno y aprobación de los técnicos municipales y de Sitor (en la actualidad Sican), el Ayuntamiento dictó una resolución "en contra" de esta actuación, extremo que "no se entiende ni tiene justificación".

"Nos consta que otras empresas del polígono se han visto obligadas también a hacer modificaciones", afirma el PRC, que confía en que estas actuaciones "no sean objeto de ningún expediente sancionador por parte del equipo de gobierno municipal".