El cierre del carbón nacional provocaría la necesidad de adaptar las centrales térmicas para poder funcionar de manera mayoritaria con carbón de importación, lo que obligaría a realizar una inversión total de 4.500 millones de euros, según informó la Federación de Industria de CC.OO.

Así, cambiar la caldera de las centrales exige más de un año de parada y un desembolso que puede rondar los 300 millones de euros, indicó en un comunicado el sindicato.

Además, subraya que la actividad minera tiene una notable repercusión en las arcas del Estado, así como en las cuentas de otras empresas, como las eléctricas, y que por cada euro que se otorga a la minería del carbón se reciben otros tres euros en cargas fiscales (IRFP, IVA, impuestos de sociedades), coberturas sociales (seguridad social de empresas y empleados) rentas y compra de bienes y servicios.

Asimismo, CC.OO. estima que el gasto social (paro, bajas incentivadas y prejubilaciones) que generaría la salida del mercado laboral de quienes trabajan en el sector, rondaría los 350 millones anuales.

El sindicato considera así "preocupante" que la decisión del Gobierno de dar "un hachazo" a la minería del carbón tenga como objetivo "los acuciantes problemas económicos y no valore los perniciosos efectos que su política tendrá en el futuro de la energía y de la industria española".