El Partido Comunista de Andalucía (PCA) ha acordado proponer a la dirección de IULV-CA, socio del PSOE-A en la Junta, que realice una "llamada solemne" al pueblo andaluz para "superar el techo de gasto impuesto por el pacto de estabilidad".

Así figura en la última resolución política aprobada por el Comité Central del PCA, consultada por Europa Press, que apuesta por realizar dicho llamamiento "en un lugar simbólico referente del Estatuto de Autonomía y en presencia de todos los cargos electos institucionales, las asambleas y las direcciones de IULV-CA".

Dicho documento justifica la necesidad de adoptar esta posición ante lo que considera un "proceso de recentralización autoritaria del Estado español" a través del "ataque directo" a las comunidades autónomas con el objetivo de "derribar el último muro de resistencia en el mantenimiento de los servicios públicos".

"El papel mojado en que se ha convertido el Título VIII de la Constitución Española desvela una ofensiva de clase tras la recentralización autoritaria", subraya el PA, que advierte de que "la soberanía del pueblo andaluz conquistada en la calle, expresada en el Estatuto de Autonomía, ha sido liquidada en un auténtico golpe constitucional para producir dolor, humillación y sufrimiento, para hacer retroceder a la sociedad a valores de los años 40".

A su juicio, "la imposición autoritaria de planes de ajuste a las comunidades autónomas y ayuntamientos se expresa también a través de la Ley de Transparencia, que recoge sanciones a quienes incumplan los límites de déficit y endeudamiento que fije la Ley de Estabilidad Presupuestaria, a quienes comprometan gastos o asuman obligaciones sin crédito suficiente para su financiación, o a quienes eludan el reflejo contable de las obligaciones asumidas (facturas no contabilizadas)".

En la misma línea, el PCA también alerta sobre la "ofensiva contra la democracia local y contra los servicios públicos municipales" que se oculta tras "los planes de pago a proveedores" que los ayuntamientos aprueban "obligados por la asfixia financiera a la que están sometidos desde el estallido de la burbuja inmobiliaria" y que se traducen "en el mejor de los casos en bajadas salariales a los funcionarios municipales, cuando no despidos y cierres o privatización de empresas públicas".