Juan Guerra niega haber cometido delito de alzamiento de bienes y dice sentirse "perjudicado"

Juan Guerra, hermano del exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra, e imputado por un presunto delito de alzamiento de bienes o insolvencia punible por la venta de un piso de su propiedad sometido a embargo y ubicado en la calle León XIII de Sevilla, ha negado este viernes los hechos que se le imputan y ha dicho sentirse "perjudicado" porque el comprador, que declarará como imputado tras el verano, "no le pagó nada ni levantó el embargo" que pesaba sobre el inmueble, según han informado fuentes del caso.

Juan Guerra, hermano del exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra, e imputado por un presunto delito de alzamiento de bienes o insolvencia punible por la venta de un piso de su propiedad sometido a embargo y ubicado en la calle León XIII de Sevilla, ha negado este viernes los hechos que se le imputan y ha dicho sentirse "perjudicado" porque el comprador, que declarará como imputado tras el verano, "no le pagó nada ni levantó el embargo" que pesaba sobre el inmueble, según han informado fuentes del caso.

Juan Guerra ha llegado a los juzgados a las 09,45 horas acompañado de su abogado, Ricardo Carneado de la Torre, y en su comparecencia ante el juez de refuerzo que fue asignado a la magistrada Mercedes Alaya por la sobrecarga de trabajo derivada del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos el magistrado le ha imputado que, "con ánimo de entorpecer la ejecución del embargo que tenía por la responsabilidad civil", por la única sentencia que le condenó "ha enajenado un bien inmueble", en concreto un piso ubicado en el número 16 de la calle León XIII.

La declaración de Juan Guerra había sido fijada inicialmente para el 6 de julio de 2011, pero fue suspendida 'sine die' por la propia juez Alaya tras interesar la práctica de nuevas diligencias y solicitar nueva documentación. La investigación sobre Juan Guerra tiene su causa en la ejecución de la sentencia en la que el Juzgado de lo Penal número 4 de Sevilla lo condenaba por delito fiscal a dos años de prisión y una multa de 300.000 euros —50 millones de pesetas de la época—, así como a indemnizar a Hacienda por los 246.414 euros que defraudó en las declaraciones de los ejercicios económicos de 1988 y 1989.

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