El PSOE de Valladolid considera que los recortes en materia de Dependencia que lleva a cabo el Gobierno central suponen un ataque "frontal y brutal" a los dependientes, 8.266 de los cuales se verán afectados en la provincia, además de a otros 1.888 cuidadores.

Así se han expresado en rueda de prensa el secretario de Organización del PSOE vallisoletano, Pedro Pablo Santamaría; la secretaría de Políticas Sociales del PSOE de Castilla y León, Marta Olmedo, y el procurador socialista Jorge Félix Alonso.

Santamaría considera que la Ley de Dependencia queda "herida de muerte" y se condena a recibir servicios peores a 8.266 personas, mientras que invita a los cuidadores a dejar su labor porque se les rebaja el salario y se les quita la Seguridad Social, medidas que rondan "la indecencia".

A su juicio, tras el último "decretazo" y con los recortes en los Presupuestos, la Ley ha dejado de existir tal y como estaba concebida y ha asegurado que el Gobierno tiene en mente privatizar España y los servicios "para que unos pocos se lucren de la desgracia de una mayoría".

En esta línea, Marta Olmedo ha censurado lo que considera el "mayor ataque al Estado del Bienestar" por parte del PP y ha añadido que se asiste al "desmantelamiento" del sistema de la Dependencia, algo que preocupa y "alarma" a los socialistas de Castilla y León.

La responsable de Políticas Sociales del PSCyL critica la "obsesión" del PP de buscar culpables para justificar los recortes, en el caso de la Dependencia los dependientes y los cuidadores familiares, a quienes "demoniza" y acusa de defraudar a la Administración, algo "intolerable, poco responsable y poco respetuoso".

En el conjunto de la Comunidad, según Olmedo, esta medida afecta a 62.000 personas y, aunque reconoce que la Ley es mejorable, para lo que ha mostrado disposición a colaborar, cree que con estas decisiones se "desmantela" y "deroga".

Gasto posible

La socialista considera que no valen criterios de sostenibilidad y eficacia para justificar los recortes porque son "eufemismos", ya que el Dependencia supone un 0,6 por ciento del Producto Interior Bruto, por lo que "no cabe justificación de ahorro y financiación sino prioridades políticas".

Además, ha asegurado que la atención a los dependientes "no es un lujo" y ha reprochado al PP que ampare a los defraudadores con la amnistía fiscal y desatienda y vulnere los derechos de los dependientes a los que obliga a financiar sus derechos.

En la misma línea, ha criticado a la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, por decir que no iba a consentir "ni un paso atrás" porque, a su juicio, desde que gobierna el PP todo han sido recortes y "pasos atrás".

En concreto, ha recordado que a finales de 2011 se congeló el desarrollo de la Ley de Dependencia y se retrasó la entrada en el sistema de los dependientes moderados, pero después se han recortado los Presupuestos y han bajado el nivel mínimo (lo que supone 23 millones menos a la Comunidad, según sus datos), cuando año tras año el PSOE incrementó las transferencias.

A esto se suma el último "hachazo" supondrá 14 millones menos para Castilla y León, de manera que considera que a la Ley sólo la falta "la puntilla".

Asimismo, ha recordado que la consejera de Familia ya ha advertido que el recorte del 15 por ciento para la prestación de cuidados en el entorno podría ser mayor en Castilla y León. Por otro lado, cree que la medida de ampliar a dos años el periodo para atender a una persona dependiente desde su reconocimiento y además sin retroactividad como hasta ahora puede hacer que muchas personas "mueran en el camino" y no lleguen a recibir prestación alguna.

Repercusión en los servicios

También en esta línea se ha expresado el procurador Jorge Félix Alonso, quien cree que estos recortes pueden tener un efecto "muy negativo" en los propios Servicios Sociales de la Comunidad porque la Junta había "optado" por prestar estos servicios a través de la Dependencia.

Alonso ha calculado que los 1.888 cuidadores de Valladolid sufrirán un recorte de 650 euros año , cuando la cuantía mensual media que perciben es de 450 euros, lo que considera "un recorte muy importante".

Por lo que se refiere a la moratoria hasta 2015 para la atención a los dependientes moderados, ha asegurado que hay unas 1.900 personas ya reconocidas y que hasta dentro de tres años no tendrán acceso al sistema por la decisión del PP, pero además ha mostrado su temor por que "nunca lleguen a dárselo".

De esta forma, en su opinión, el número de personas que estarán en el sistema de la Dependencia se reducirá por el fallecimiento de algunas de estas personas, ya que no contarán con otros dependientes que entren en su lugar.

Otras 1.890 personas se verán afectadas por la incompatibilidad de prestaciones, algo que considera grave, ya que muchos dependientes que acudían a un centro de día y tenían derecho a la atención en el entorno familiar y ahora se les "empuja" a renunciar a uno de los dos servicios o a ir a una residencia, algo que a su juicio no van a poder costearse.

Precisamente respecto a las plazas residenciales, Jorge Félix Alonso ha incidido en que con el recorte presupuestario en la Consejería de Familia de 51 millones de euros se reducirán 80 de las 614 plazas que existían.