El Defensor del Pueblo , Enrique Mugica, ha interpuesto un recurso contra el nuevo Estatut catalán al entender que existen "indicios de inconstitucionalidad" en el texto, según informaron fuentes de la institución.
El vicepresidente de Iniciativa per Catalunya-Verds, el senador Jaume Bosch, ha reclamado la dimisión de Múgica porque con esta decisión hace "política sectaria movido por sus sentimientos centralistas.
Múgica anunció en julio la intención de recurrir el Estatut por una posible vulneración de las garantías para las libertades y derechos fundamentales recogidos en el Capítulo IV del Título 1 de la Carta Magna .
En aquel entonces recordó que los artículos 53 y 54 de la Constitución convierten al Poder Judicial y al Defensor del Pueblo en los garantes del Título "nuclear" de la norma fundamental.
Este organismo será, según el nuevo Estatut quien supervisará "con carácter exclusivo" la actividad de la Administración de la Generalitat y de los organismos públicos o privados que dependan de la misma.
En el Estatut se recoge que el Defensor del Pueblo "colabora" con el Síndic de Greuges en el ejercicio de sus funciones pero Mugica cree que no es suficiente y no garantiza que todo los ciudadanos tengan la opción de defender sus derechos fundamentales.
Analfabetos políticos
Mugica afirmó que su obligación es defender "derechos" y no "competencias" de la institución que preside, tal y como han querido ver algunos políticos catalanes.
"Algún político catalán ha dicho que el Defensor del Pueblo presenta recurso porque se le quitan competencias en Cataluña... Realmente creo que hay políticos que no superan el analfabetismo político estructural", remachó.
"¿Por qué no va a poder venir a mi un ciudadano de Sabadell o Terrassa que considera que sus derechos a aprender y hablar en castellano son menoscabados? Y yo no digo que lo sean, sino que considera él que son menoscabados", expuso a modo de ejemplo.
El recurso presentado ante el Tribunal Constitucional está basado en los dictámenes y las recomendaciones de los catedráticos de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago Roberto Blanco Valdés, y de la Universidad Complutense de Madrid Pedro de Vega, así como del catedrático en Derecho Administrativo por la Universidad Complutense Tomás Ramón Fernández Rodríguez.
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