La consejera andaluza de Presidencia e Igualdad, Susana Díaz, ha defendido este miércoles que la Junta ha aportado "cuanta documentación ha sido requerida por la Justicia" en la causa abierta por presunto fraude en expedientes de regulación de empleo (ERE) ante la que, según ha subrayado, la administración autonómica está mostrando "colaboración absoluta".

Díaz ha hecho referencia en estos términos a preguntas de los periodistas en Almería a la declaración como imputado que, desde el martes, está prestando ante la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, la juez Mercedes Alaya, el ex director general de Trabajo de la Junta Juan Márquez, quien habría trasladado que durante dos mudanzas en la sede de este departamento, "unos expedientes se mandaron a los servicios centrales y otros se destruyeron".

"La información que yo tengo difiere", ha asegurado para, a continuación, remarcar que por parte de la Consejería andaluza de Empleo "lo que ha habido es colaboración absoluta con la Justicia", a la que, según ha añadido, "se ha aportado cuanta documentación le ha sido requerida".

Díaz, quien ha trasladado el respeto "absoluto" al trabajo de la juez instructora y al trabajo que está desarrollando la comisión de investigación constituida en el Parlamento, ha aludido, asimismo, a los "instrumentos y mecanismos" activados por la administración para que "cualquier información que fuese solicitada, tuviese automáticamente respuesta".

"La Junta de Andalucía ha colaborado desde el primer momento con la Justicia y quiere que se depuren responsabilidades para que, aquellos que han actuado mal, lo paguen y, además, lo hagan cuanto antes", ha reiterado.

El exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía aseguró el martes en su comparecencia judicial que el sistema de ayudas investigadas por la juez Mercedes Alaya era "perfectamente legal", aunque reconoció que, "a estas alturas, sigue sin conocer el contenido del convenio-marco" firmado en 2001 que regulaba dichas ayudas, pues "ni lo leyó, ni lo estudió ni lo analizó", sino que "se lo explicaron" y le dieron una serie de "directrices".

La juez de Instrucción número 6 de Sevilla imputa al exalto cargo sendos delitos continuados de omisión del deber de perseguir delitos, malversación, prevaricación omisiva y activa, y falsedad en documento oficial.