El equipo de gobierno de la Diputación de Córdoba (PP) va remitir al fiscal el presunto desvío de 546.021 euros del presupuesto del Consorcio de Bomberos a cuentas particulares, entre ellas la del exgerente Antonio Navarrete, al que también relacionan con la presunta comisión de un delito de falsedad en documento público. También se informa al fiscal de la posible comisión de un delito de prevaricación en la contratación de cuatro bomberos, a pesar de estar considerados no aptos por el médico.

Así lo han anunciado este viernes en rueda de prensa el vicepresidente primero de la Diputación de Córdoba y delegado de Hacienda, Salvador Fuentes, y el presidente del Consorcio de Bomberos, Manuel Gutiérrez, quienes han detallado que ésta será "otra pieza nueva", a sumar al resto de irregularidades detectadas en el Consorcio y ya denunciadas al fiscal, el cual ha dado traslado de las mismas al Juzgado de Posadas y al Tribunal de Cuentas, al apreciar indicios de delito en la ampliación del Parque de Bomberos de La Carlota, en la firma de una póliza de crédito y en el impago de varios millones de euros a la Seguridad Social.

En cuanto al citado presunto desvío de 546.021 euros Fuentes del presupuesto del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios de la Diputación, Fuentes ha explicado que, de esta cuantía total, desviada entre 2007 y 2011, un total de 112.379 euros eran transferencias ficticias a una empresa de limpieza y 125.840 euros fueron desviados de la plataforma donde se realizan las operaciones de repostaje de gasóleo.

Del mismo modo, ha destacado que también se desvío dinero a cuentas particulares, en concepto de pago a proveedores, por suplementos pendientes de justificar y por "horas extraordinarias que el (entonces) gerente no podía cobrar", por un importe de 127.000 euros, entre 2001 y 2006.

A este respecto, el vicepresidente primero ha subrayado que "durante estos años se ha actuado con muy poca transparencia, supervisión e inquietud por parte del (anterior) gobierno de la Diputación", que estuvo en manos del PSOE, "creándose toda una ingeniería contable para desviar fondos del presupuesto del Consorcio". En este punto, Fuentes se ha preguntado "dónde están los responsables políticos (socialistas) de la Diputación" para no darse cuenta de lo que ha calificado como "un gran escándalo, al que tienen que dar respuesta".

Por su parte, el presidente del Consorcio de Bomberos, Manuel Gutiérrez, ha informado de la existencia de otras presuntas irregularidades en la praxis contable del Consorcio. Así, ha señalado que se ha actuado "de manera irregular, ilícita e ilegal", habiendo podido cometerse un delito de "falsedad en documento público", al hallarse nóminas con conceptos no acreditados por los que el exgerente recibía dinero. En concreto, se ha referido a más de 2.000 horas extraordinarias, por un importe total de 127.860 euros.

PREVARICACIÓN

Gutiérrez ha avanzado, por otro lado, que también se dará cuenta al Ministerio Fiscal de la presunta comisión de un delito de prevaricación, por la existencia de cuatro efectivos en el Consorcio de Bomberos -cuya entrada en el mismo se produjo en 1999, 2003, 2006 y 2007, respectivamente- que forman parte de su plantilla sin tener el certificado de apto preceptivo del Servicio Médico de la institución.

En consecuencia, según ha subrayado Gutiérrez, "hay una presunta prevaricación, estando cuatro personas quitando el puesto de trabajo a quienes sí que son aptos, a quienes se habían preparado y reunían todas las condiciones para poder trabajar" como bomberos.

El también vicepresidente primero de la Diputación ha insistido en que toda la información, de la que tienen constancia todos los grupos políticos con representación en la institución (PP, PSOE, IULV-CA y Unión Cordobesa), será remitida al Ministerio Fiscal para su estudio, añadiendo que, en el supuesto de abrirse un procedimiento judicial, por estas o las otras irregularidades ya denunciadas, "la institución se personará en lo que suponga reparación a reclamación de daños".

Comisión de investigación

Finalmente, el vicepresidente primero de la institución provincial Salvador Fuentes, ha anunciado que a partir de septiembre, "cuando esté lista la documentación contable, laboral y económica, se creará una comisión" de investigación, "que analizará toda la información y empezará a pedir responsabilidades".

Fuentes ha concluido resaltando que las competencias y configuración de dicha comisión se fijarán a partir del "consenso" a alcanzar entre todos los grupos políticos de la Diputación, con la finalidad de "estudiar y decidir", pero "sin especulaciones".