El Pleno del Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado este viernes la propuesta de devolución al Estado de los 30 millones de euros correspondientes al saldo pendiente de las liquidaciones negativas de la participación en ingresos por impuestos de los ejercicios 2008 y 2009.

El acuerdo ha sido apoyado por los tres grupos políticos en el Pleno Extraordinario celebrado este viernes y en el que el alcalde, Francisco Javier León de la Riva, ha leído la propuesta que modifica los plazos de pago de cinco a diez años. No obstante, el Grupo Municipal de IU ha apuntado que, al no haber espacio para el debate hoy, éste se ha emplazado para la próxima Comisión de Hacienda.

León de la Riva ha recordado que el Estado transfirió a los ayuntamientos y diputaciones de toda España en los años 2008 y 2009 anticipos de impuestos "en base a un cálculo exagerado de ingresos" que, una vez se cerraron las cuentas, se comprobó que se había aportado a las administraciones más de lo que realmente se ingresó. Así, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero reclamó cerca de 30 millones de euros al Ayuntamiento de Valladolid.

Como también ha explicado el regidor, en un primer término se acordó con la propuesta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) la devolución en un plazo de cinco años, que León de La Riva recordó como "demasiado corto para una cantidad de dinero alta".

Por ello, en la asamblea de constitución de la FEMP de la presente Legislatura se solicitó al Gobierno de España la ampliación del plazo a diez años, que, ya con Mariano Rajoy en la Moncloa, se aceptó pero con las "cautelas" de que las administraciones no incurran en desviaciones presupuestarias.

De este modo, el Ayuntamiento ha tenido que aprobar el acuerdo que amplia el plazo de pago de 60 a 120 mensualidades antes de que la Ley de Presupuestos Generales del Estado sea publiucada en el Boletín Oficial del Estado.

El acuerdo establece también el compromiso del Ayuntamiento de acordar con el Ministerio de Hacienda un plan de ajuste que garantice el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.

Por su parte, Izquierda Unida, que ha apoyado la propuesta de acuerdo ha señalado que propondrá en la próxima Comisión de Hacienda un compromiso de todos los grupos para evitar que esta propuesta consecuencias negativas sobre los derechos de la población.

En opinión de IU, la economía municipal, "enormemente resentida con la situación económica nacional, y crónicamente castigada en el reparto de los ingresos del estado", no debe permitirse retrocesos "y ha de acogerse a cualquier posibilidad de alivio, como la que aquí se presenta".

Así, han explicado que han apoyado la propuesta "pero marcando distancias y estableciendo cautelas", pues se muestran sorprendidos por la posibilidad de aplazamiento de los pagos y el compromiso de acordar con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas un plan de ajuste en el caso de que fuera necesario.

Así, han considerado que la forma en que se plantea es "poco respetuosa con los ayuntamientos y la autonomía municipal", y, "sobre todo muy peligrosa para la población" y han pedido una explicación de qué significa "adoptar un plan de ajuste en caso de que sea necesario" y que ese ajuste no impplique "recortar más servicios básicos a la ciudadanía".