Los exediles del PP en el Ayuntamiento de Valladolid Tomás Punzano, Marisa Ramírez y José Carlos Muñoz, citados hoy a declarar como imputados ante el juez por supuestas irregularidades en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), han alegado que cuando dieron su voto afirmativo a distintos trámites lo hicieron confiados en los dictámenes de los técnicos, con escaso o nulo conocimiento de lo que aprobaban y siguiendo la disciplina del grupo.

La jornada vivida por los tres expolíticos en el Edificio de los Juzgados, en la calle Angustias, se ha caracterizado por el silencio guardado por todos ellos ante las preguntas de los periodistas a la conclusión de sus interrogatorios, que abrió Tomás Punzano, con una declaración que se prolongó por espacio de unos cuarenta minutos, y al que siguieron Marisa Ramírez y José Carlos Muñoz, con testificales de media hora y cuarenta minutos, respectivamente.

En todos los casos, concluida su declaración ante el juez de Instrucción número 1, José María Crespo, los imputados han abandonado uno tras otro la sede judicial sin desvelar el contenido de las preguntas ni sus respuestas.

El exconcejal de tráfico y la grúa

El caso más llamativo ha sido el de Tomás Punzano, exconcejal de Tráfico, quien, ante el requerimiento de los periodistas, ha salido literalmente corriendo. "Lo siento pero se me lleva el coche la grúa", ha espetado, mientras que su letrado defensor ha advertido de que ni siquiera sabe qué se le está imputando.

Por su parte, Marisa Ramírez, quien fuera concejala de Participación Ciudadana, ha abandonado también seria la sede judicial antes de mover los dedos de una mano en claro gesto de que no estaba dispuesta a someterse a las preguntas de los medios, mientras que su representante legal le daba un tirón del brazo para acceder cuanto antes a la calle.

El tercer y último en declarar, José Carlos Muñoz, exedil de Deportes y hoy presidente de la Fundación Real Valladolid, ha sido el único que, tras declarar ante el juez, se ha detenido ante los periodistas con una sonrisa forzada para, al igual que los anteriores, rehusar hacer el más mínimo comentario.

El letrado de la acusación popular, Carlos Castro, en representación de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valladolid, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha resumido que los tres interrogados se han limitado a indicar que "era muy poco el conocimiento de los temas que se decidían bien en la Junta de Gobierno, en la Comisión Informativa de Urbanismo o en el Pleno, así como que era el grupo el que decidía el sentido del voto y nunca o casi nunca discrepaban".

En cualquier caso, Castro ha preferido ser cauto ante de valorar el curso de las testificales porque, como así ha incidido, "queda aún mucha instrucción y primero habrá que determinar por qué se tomaron algunas decisiones y quiénes lo hicieron, aunque esto último no supone problema alguno ya que figuran en las actas".

Cerca de catorce imputados

El juez instructor de la causa, José María Crespo, ha explicado que hasta la fecha, incluidos los tres exediles, son ya trece o catorce personas las que han testificado en calidad de imputadas, si bien ha precisado que aún no se ha dictado el correspondiente auto de imputación, con lo que algunas de éstas podrían quedar todavía excluidas del proceso.

El magistrado, quien ha preferido no desvelar el contenido de los interrogatorios, sí ha subrayado lo "difícil" que está siendo conformar unas fechas para la toma de declaración, haciendo "encaje de bolillos" para que coincidan las agendas de los imputados, sus letrados, el Ministerio Fiscal y la suya propia, que, tal y como ha advertido, no sólo instruye esta causa sino otras muchas, algunas de ellas también de gran "trascendencia mediática".

Las próximas testificales están fijadas para el día 5 de julio, fecha en la que comparecerán los actuales concejales Gonzalo Hernández Santamaría (11.00 horas) y Manuel Sánchez Fernández, responsable de Movilidad y Seguridad (11.30 horas), así como el arquitecto municipal Pablo Luis Gigosos Pérez (12.00 horas), mientras que el día 12 de julio es la fecha elegida para que haga lo propio, igualmente en calidad de imputado, el alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva, cuyo interrogatorio está previsto que dé inicio a partir de las 09.30 horas.

La práctica de diligencias contempla también una nueva citación para los dos principales imputados, el que fuera concejal de Urbanismo, José Antonio García de Coca, y el arquitecto Luis Álvarez Aller, quienes prestarán declaración el día 4 de septiembre, a las 11.30 horas.

La citación del máximo regidor vallisoletano, así como de otros cinco miembros de la entonces corporación, dos de ellos en el actual equipo, y de un arquitecto municipal, se produce después de que la fiscal jefe de Valladolid, Esther Pérez Jerez, y la fiscal del caso, Ana Valle, mantuvieran en Madrid un encuentro con miembros de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado con el fin de recabar la opinión del departamento que dirige Eduardo Torres Dulce respecto de tal posibilidad.

Evacuada dicha consulta, la Fiscalía Vallisoletana recibió finalmente, casi un mes después, luz verde para citar al primer edil del PP y al resto de imputados, algo que en los últimos meses ya han hecho el exconcejal de Urbanismo José Antonio García de Coca, técnicos municipales y distintos constructores.

Denuncia en 2008

El denominado 'Caso del PGOU' de Valladolid fue llevado a la Fiscalía de Valladolid el día 7 de julio de 2008 por el Grupo Municipal Socialista, que denunció ya entonces la modificación ilícita de 67 artículos y cinco planos —el Ayuntamiento reconoció errores en ocho epígrafes y cinco planos— y consideró como principal responsable al exedil de Urbanismo, a quien imputaba por las manipulaciones en el planeamiento urbanístico de la ciudad en los últimos días de agosto de 2003, entre su aprobación provisional por parte del Pleno y la definitiva por parte de la Junta.

"A partir de ese momento, el concejal de Urbanismo y quizás otras personas realizaron alteraciones subrepticias en el texto refundido que fueron enviadas de nuevo a la Consejería de Fomento para ser publicadas en el Boletín Oficial de Castilla y León", denunció cinco años después el que hoy sigue siendo presidente del Grupo Socialista, Óscar Puente.

La denuncia de los socialistas fue puesta en manos del Juzgado Decano por parte de la Fiscalía vallisoletana, que pidió la declaración de García de Coca como imputado y apuntaba la posibilidad de recabar el testimonio del propio alcalde y del consejero de Fomento, Antonio Silván, así como de encomendar a la Policía Judicial la investigación con el acceso a toda la documentación mencionada y averiguar qué personas se beneficiaron de las modificaciones realizadas en el texto del PGOU.

Aunque los hechos fueron denunciados por el grupo de concejales socialistas, éstos no han podido personarse en las diligencias debido a la elevada fianza exigida, algo que, por el contrario, sí han logrado hacer la Federación de Asociaciones Vecinales de Valladolid, que figura como acusación pública tras desembolsar 8.000 euros de fianza.