"Ya existe una orden preventiva de detención en su contra y será acusado formalmente del delito de tráfico de mujeres para explotación sexual, por lo que difícilmente será deportado o extraditado", dijo a Efe el comisario de Policía Federal Luciano Dornelas.
Será acusado del delito de tráfico de mujeres para explotación sexual, por lo que difícilmente será deportado o extraditado
Dornelas fue el responsable por las dos operaciones realizadas el martes por la Policía Federal en el estado brasileño de Goiás contra organizaciones criminales que se especializaba en enviar a España mujeres que eran obligadas a prostituirse.
En las operaciones, que contaron con la colaboración de las autoridades españolas, fueron arrestadas nueve personas en Brasil y otras 21 en España, entre ellas dieciséis mujeres consideradas como víctimas de las redes de trata de blancas.
Los blancos de las operaciones en España fueron los clubes de alterne "Las Ninfas", en Orense, y "M2", en León, uno de los cuales al parecer propiedad de González Iglesias, de 51 años.
"Él es propietario de uno de esos locales y es el jefe de la organización en España", afirmó el comisario.
Según Dornelas, el español fue arrestado cuando desembarcaba en el aeropuerto internacional de Sao Paulo procedente de Madrid.
"Por lo que sabemos él venía varias veces a Brasil, pero en esta oportunidad estaba huyendo de las operaciones en España que, por razones operativas, fueron realizadas un poco antes que en el país", afirmó.
"Analizaremos toda la documentación que tenía en su poder cuando llegó a Brasil y después confrontaremos su testimonio con el de los otros acusados", agregó.
Según el comisario, el español ya fue trasladado de Sao Paulo a Goiania, capital del estado de Goiás, y está recluido en las celdas de la Policía Federal en esta ciudad.
Las organizaciones de trata de blancas, que comenzaron a ser investigadas en enero de 2005, operaban con la connivencia de agencias de turismo en las ciudades de Goiania, Minacu y Jussara, situadas en el estado de Goiás (centro del país).
Según las investigaciones, los acusados reclutaban mujeres de escasos recursos en el estado de Goiás y las enviaban a España con la promesa de que trabajarían en restaurantes y hoteles.
Una vez en el país europeo, los miembros de la organización les retenían los pasaportes a las víctimas y las obligaban a prostituirse.
Los acusados serán procesados por el crimen de "tráfico de mujeres para fines de explotación sexual", que la legislación brasileña sanciona con penas de entre 3 y 12 años de prisión.
Una de las personas arrestadas en Brasil, una mujer identificada como Magna Pires da Costa, es señalada por la policía como la cabecilla de una organización que envió a cerca de 50 mujeres para la prostitución en España desde 2002.
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