Los madrileños tendrán que pagar por usar las carreteras, rascarse el bolsillo aún más cuando recurran a determinados servicios públicos y ser más prudentes incluso a la hora de sacar a pasear a su perro.
El Gobierno de Esperanza Aguirre aprobó este jueves el proyecto de reforma de los presupuestos para 2012, una ley llena de "ajustes o recortes, como quieran llamarle" —en palabras de la propia dirigente— y que obligará a los ciudadanos a hacer un "esfuerzo" adicional con una única meta: reducir el déficit de las cuentas públicas y conseguir 1.045 millones de euros de ahorro sobre un presupuesto de 18.000 millones en 2012.
La Comunidad da un hachazo para ahorrar 1.045 millones en los seis próximos mesesAguirre explicó las medidas este jueves tras la reunión semanal con los miembros de su Ejecutivo. El hecho de que la presentación del plan se hubiese aplazado ya dos veces daba cuenta de su complejidad y su profundidad.
En primer lugar, la presidenta anunció que su Gobierno equipara su cartera de servicios sanitarios para no prestar ninguno que no esté en la cartera de servicios generales del Estado.
Así, por ejemplo, Madrid ya no administrará gratuitamente la vacuna del neumococo y restringirá el derecho al cambio de sexo. Para optar a esta última operación, se obligará al solicitante a residir durante dos años en la Comunidad y a presentar un certificado sanitario que establezca que padece un "trastorno de identidad de género". De lo contrario, deberá pagarse íntegramente el tratamiento.
A continuación, Aguirre se dirigió a los partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales, cuyas subvenciones para 2012 quedan anuladas. "Ni un euro de dinero público", zanjó.
También se paralizan las obras nuevas, aunque se respeta el presupuesto en conservación de carreteras. Las becas se reducen, aunque Aguirre aseguró que las familias que cobran la Renta Mínima de Inserción tendrán derecho a ayudas escolares y de comedor para sus hijos.
Recorte salarial
A lo anterior hay que sumar la rebaja del 3,3% de los sueldos de los 180.000 funcionarios regionales —el 10% para los interinos y los altos cargos, presidenta, consejeros y personal de confianza de libre designación— anunciada este miércoles y la reducción de la jornada de un 10% para los trabajadores interinos.
Mejor eso que despedir a los 40.000 interinos de la Comunidad de MadridQuedan excluidos de esta última medida los profesionales de Sanidad, Educación y Servicios Sociales para garantizar los servicios básicos, según Aguirre. Las plazas vacantes de personal regional se amortizarán, es decir, no se cubrirán salvo necesidad urgente.
"Hemos tomado un criterio, mejor eso, que despedir a los 40.000 interinos de la Comunidad de Madrid. Quitar el 6% de los complementos autonómicos y el 60% de la paga navidad es menos doloroso", sentenció.
Tasas
Los ajustes no se quedan ahí ya que el segundo baluarte del plan de ajuste son los ingresos.
Cada crédito universitario costará hasta 9 euros másSentado junto a su jefa de filas, el consejero de Economía, Percival Manglano, detalló la subida de las casi 74 tasas y precios públicos regionales entre los existentes y otros de nueva creación. Entre ellas, mencionó expresamente las de la ITV (un euro más), los másteres (hasta cubrir el 25% de su coste real) o los centros públicos de día para mayores, donde el usuario deberá dar a partir de ahora el 30% de su renta per cápita.
También subirán los precios de las guarderías, casas de niños y centros de régimen especial. Perder la tarjeta sanitaria y renovarla costará 10 euros.
Manglano no detalló los importes ni la relación total, pero sí avanzó que, además, se crean una treintena tasas nuevas, como la que tendrá que pagar todo aquel cuya mascota sea recogida en la vía pública y sea llevada en custodia hasta un centro de protección animal.
Por la tarde, la consejera de Educación, Lucía Figar, aclaró en el pleno de la Asamblea de Madrid que el precio de las matrículas universitarias subirá un máximo de 9 euros por crédito, desde 21,94 euros actuales hasta los 31 euros.
Pagar por conducir
La medida más drástica a la que recurrirá el Ejecutivo, sin embargo, será la imposición de peajes en las carreteras para sufragar su mantenimiento. De nuevo, los miembros del Gobierno eludieron dar detalles sobre los precios o el número de carreteras, aunque Aguirre precisó que podrán ser todas aquellas que sean autovías -dos carriles por sentido-. Solo se librarán aquellas en las que no haya otra alternativa.
Aguirre materializa la idea del peaje directo tras el fracaso del peaje en sombraPor el momento, solo hay dos vías que tienen el peaje asegurado. Una es la M-45, que es la más cara para las arcas públicas y la que más tráfico acumula de toda la región. La otra es la M-501 o carretera de los pantanos, sin alternativa real, pero donde la Comunidad creará un bono para que los residentes en su zona de influencia paguen menos que los usuarios ocasionales.
La Comunidad espera adjudicar la instalación y gestión de los peajes a finales de este año. Con ellos espera ingresar 90.000 euros el primer año y 30 millones en 2013.
El déficit 'sorpresa'
En total, la Comunidad de Madrid espera ahorrar 1.045 millones, de los que 650 corresponden a la parte de ahorro y otros 300 a la reducción de salarios y prestaciones. La extinción de varios consorcios (60 millones) y el inicio de los trámites de privatización del Canal de Isabel II (50 millones) supondrán el resto.
También se suman el 'tarifazo' en el transporte público, la eliminación del doble sueldo (1.000 euros) que los viceconsejeros que a la vez son diputados cobraban por asistir a la Asamblea de Madrid (Aguirre recuperó esta percepción que Gallardón eliminó en su día) y otros ahorros como la eliminación de la figura del Defensor del Menor.
Gracias a este paquete, Aguirre espera llegar a final de año con un déficit del 1,5%, tal y como le obliga el Gobierno central, y no del 2,2% como acumula ahora la región. La presidenta insistió en que la cifra del 1,3% que envió al Ministerio de Economía a final de 2011, y con la que se vanaglorió de ser la única comunidad autónoma que cumplía con la ley de estabilidad, era "provisional".
La culpa del incumplimiento, deslizó, no fue de su Gobierno, sino de la crisis, de la caída de las transferencias del Estado y del 'agujero' de 1.000 millones en la recaudación por impuestos que le ha impedido cuadrar sus cuentas.
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