El juez Ruz interrogará el jueves a los dos técnicos de RTVV que contrataron el viaje del Papa

También tomará declaración a empleados de empresas concesionarias de contratos con la Comunidad de Madrid

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz tomará declaración este jueves como imputados a los dos técnicos de la Radio Televisión Valenciana (RTVV) a los que el exdirector general del ente Pedro García Gimeno responsabilizó del contrato para la sonorización de la visita que el Papa realizó a Valencia en 2006, que recayó en empresas de la trama Gürtel, así como al administrador de una de las sociedades que se hicieron con la adjudicación.

El magistrado atribuye a Luis Sabater Balaguer, que en el momento de los hechos era jefe del Departamento Técnico de RTVV, y Antonio de la Viuda, director de Antena de la corporación en aquella fecha, los delitos continuados de prevaricación y malversación de fondos públicos.

Ambos fueron señalados por García Gimeno durante la declaración ante el juez Ruz que realizó el pasado día 8, en la que atribuyó a la Mesa de Contratación de la radio televisión valenciana la responsabilidad de adjudicar a la constructora Teconsa las tareas de montaje de los equipos de audio y vídeo que se utilizaron durante el V Encuentro Mundial de las Familias, que se desarrolló entre el 7 y el 9 de julio de 2006. "Yo sólo firmaba", aseguró.

El juez también imputó por delitos contra la Hacienda Pública y falsedad a Carlos Ignacio Fragio Díaz, administrador de una de las empresas que se hizo con los contratos junto a su hermano Óscar, al que el juez citó a declarar el pasado 7 de mayo. La Fiscalía Anticorrupción pidió su imputación al considerar que "podría haber participado en la administración de las empresas que se vinculan con este último".

El magistrado, que acordó estas nuevas imputaciones a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, interrogará a los tres nuevos imputados junto al administrador único de Impacto Producciones, Francisco Javier Arnuncio Perujo, que declarará como testigo.

Pagos a cargos públicos

Asimismo, iniciará también una ronda de interrogatorios dirigida a esclarecer la posible existencia de pagos a cargos públicos de la Comunidad de Madrid por parte de miembros de la trama 'Gürtel' que habrían estado destinados a garantizar la obtención de contratos.

Así, el magistrado tomará declaración a dos trabajadores de la empresa Easy Concept, Pedro Fuste y Alejandra Lascary, y a la empleada de Servimadrid Integral Rocío Perea. El juez solicitó el pasado 18 de mayo a la Comunidad de Madrid —dirigida por la 'popular' Esperanza Aguirre— copia de un total de 317 contratos para la organización de eventos firmados con empresas de la trama Gürtel con la presunta intervención del exconsejero de Deportes y exdiputado en la Asamblea madrileña, Alberto López Viejo, y el exdiputado y gerente de la empresa municipal de vivienda de Boadilla del Monte, Alberto Bosch Tejedor.

Según especificaba Ruz, ante la sospecha expresada por la Fiscalía Anticorrupción de que de ambos excargos públicos pudieran haber recibido pagos relacionados con la firma de estos contratos para la organización de eventos, ha requerido a la Comunidad madrileña que "en el plazo improrrogable de un mes" remita toda la documentación en su poder "sobre la adjudicación y facturación" de estos actos.

Entre los más de 300 actos detallados por el magistrado se encontraba el correspondiente al primer aniversario de los atentados del 11 de marzo de 2004, un homenaje en memoria de Miguel Angel Blanco o el encargo de un cuadro del ex alcalde madrileño y actual ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.

También figuran entre los actos señalados la visita en 2004 del entonces presidente de Microsoft Bill Gates, la organización de la Copa Davis en 2004, una firma de un convenio con el Real Madrid y la organización de la celebración de la obtención de la Liga ACB por parte del Real Madrid de Baloncesto.

Además, el juez Ruz pedía a la Comunidad de Madrid, a través de su vicepresidencia, que remita la documentación relativa a 45 facturas firmadas con las empresas Easy Concept Comunicación, Good and Better, Servimadrid Integral y Diseño Asimétrico. También reclama a la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de Boadilla del Monte documentación sobre la adjudicación, facturación y pago de otros 16 eventos.

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