Gallardón casó en una ceremonia civil celebrada en la Plaza Mayor a Javier Gómez, militante del PP y activista de la causa gay, y Manuel Ródenas, responsable del programa de asesoramiento de Gays, Lesbianas y Transexuales de la Comunidad de Madrid.
La pareja saludó y se dio un beso en el balcón tras el enlace, y recibió a su salida de la Real Casa de la Panadería del Consistorio el tradicional lanzamiento de arroz por parte de los invitados, entre los que también estuvo la ex ministra Celia Villalobos.
El alcalde ha asegurado que con su decisión de oficiar la boda sólo está cumpliendo la normativa vigente, pese a que el PP presentó el pasado septiembre ante el Tribunal Constitucional un recurso contra la ley que permite las bodas entre las personas del mismo sexo por considerar que desnaturaliza la 'institución básica del matrimonio'.
La iniciativa de Gallardón no ha sido bien recibida por la Iglesia, y el Arzobispado de Madrid emitió el viernes un comunicado en el que recordó que según la doctrina católica sólo pueden contraer matrimonio las parejas formadas por un hombre y una mujer.
'Los políticos católicos (...) deben tener especialmente presente que todo reconocimiento legal teórico y práctico de las llamadas uniones homosexuales contribuye a ofuscar valores fundamentales que no sólo pertenecen a los creyentes, sino al patrimonio común de la humanidad', afirmó.
El alcalde también tuvo que escuchar críticas desde su propio partido, y el secretario general del Grupo Popular en el Congreso, Jorge Fernández Díaz, dijo el viernes que su 'desafío' debía tener 'consecuencias políticas'.
'El señor Ruiz Gallardón, que es un dirigente destacado del Partido Popular, tiene que ser leal al partido, con independencia de que sea católico, mahometano o mormón. Ese es su problema, pero tiene la obligación de ser leal con su partido y acatar sus decisiones', dijo citado por varios medios.
La ley, que reconoce a los homosexuales que se casen los mismos derechos que a las parejas heterosexuales - incluido el de adopción - entró en vigor el 1 de julio de 2005.
/Por Blanca Rodríguez y Andrea Comas/
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