La Guardia Civil de Valladolid ha detenido a una mujer con iniciales M.G.G, de 35 años, e imputado a su padre, J.A.G.I, de 70, ambos vecinos de Palencia y relacionados con una constructora, a los que se acusa de haber estafado, en principio, cerca de 1.840.000 euros a tres ayuntamientos de otras tantas provincias de Castilla y León, cinco bancos y la Confederación Hidrográfica del Duero, en unos casos tras cobrar por obras no ejecutadas y en otros por trabajos sí realizados pero que eran cobrados por triplicado, según informaron a Europa Press fuentes del Instituto Armado.

La operación, denominada 'Garrotazo', se inició a principios del pasado mes de abril, cuando la Fiscalía de Valladolid acordó que se incoaran diligencias a raíz de una denuncia recibida en la que se reflejaba la falsificación de varias facturas emitidas al Ayuntamiento vallisoletano de Santovenia de Pisuerga.

La investigación se desarrolló en dos fases, la primera consistió en recabar los datos e indicios necesarios para confirmar los hechos denunciados por el citado ayuntamiento y la segunda en identificar a los autores del hecho, para posteriormente entregar las primeras diligencias de Investigación a la Fiscalía de Valladolid.

Tras tener conocimiento de las víctimas de las estafas, los ayuntamientos de Santovenia (Valladolid), Matallana de Torío (León) y Pancorbo (Burgos), la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) y cinco entidades bancarias (Cajacírculo, Caixa General, Banco Gallego, Banco Popular Español y BBVA), la Guardia Civil se centró en identificar a la persona encargada de realizar todos los tramites burocráticos, en concreto una mujer relacionada con una empresa de obra pública y construcción de Palencia y que ostentaba el cargo de apoderada de la misma.

Una vez los agentes de la Unidad orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Valladolid avanzaron en sus investigaciones se constató cómo el Consistorio de Santovenia de Pisuerga, con fecha 20 de enero de 2012, había recibido tres facturas falsificadas por valor de 22.300, 24.624 y 32.850 euros, respectivamente, todas ellas emitidas por la empresa Montajes y Obras Públicas S.L, radicada en Palencia y dedicada a obras públicas, en concepto obras que esa administración local no había realizado. Dichas facturas estaban negociadas y cobradas en tres entidades bancarias diferentes de Palencia.

La Guardia Civil, en sus investigaciones, con toma de declaración a los directores de sucursales bancarias, así como a víctimas de los ilícitos penales, descubrió cómo a las entidades bancarias les habían endosado numerosas facturas falsificadas por obras no realizadas e incluso el caso de algún trabajo ejecutado que había sido cobrado hasta en tres ocasiones en distintas entidades, todo ello por un montante global de 1.840 212 euros a nombre de los tres referidos ayuntamientos de las provincias de Valladolid, Burgos y León perjudicados y la CHD, organismo este último que a través de su anterior presidente, Juan Antonio Gato, denunció un perjuicio económico cercano a los 700.000 euros.

Finalmente, la Guardia Civil de Valladolid detuvo a una mujer con iniciales M.G.G, de 35 años, e imputó a su padre, J.A.G.I, de 70, ambos vecinos de Palencia, como autores de ocho delitos de falsificación y doce delitos de estafa.

Se da la circunstancia de que el padre ya fue detenido en diciembre de 1990 por la Policía Nacional de Palencia acusado de delitos de falsificación y estafa.

La empresa denunciada, Montajes y Obras Públicas S.L, presentó en 2011 un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para once trabajadores, basado en problemas económicos, y a fecha de hoy tiene finiquitados a todos ellos.