La Audiencia Provincial de Almería acoge este lunes la vista oral contra siete miembros de un grupo que presuntamente se dedicaba a traer cocaína desde Sudamérica mediante envíos postales para distribuirla posteriormente en el ámbito de la venta 'al menudeo' y que se enfrenta a una petición fiscal de más de 97 años de prisión.

La banda, según la acusación, contaba para garantizar que los paquetes llegaban a España de forma segura y sin despertar sospechas con la colaboración de una funcionaria de Correos en la estafeta de El Parador, en el término municipal de Roquetas de Mar y con contactos para obtener la droga de proveedores en Costa Rica y en Venezuela.

El escrito de calificación fiscal, al que tuvo acceso Europa Press, recoge que J.C.O. se dedicaba junto a A.J.C.G., con antecedentes penales, y O.I.A.F. a introducir en la provincia de Almería diversas cantidades de cocaína y también hachís para su posterior distribución y venta en el ámbito minorista.

En noviembre de 2008, el primero de ellos decidió en solitario, según el Ministerio Público, "dotar de mayor estabilidad a su ilícito negocio e incrementar de manera considerable sus ganancias" con la adquisición "directa y de forma sostenida" de cocaína a países suramericanos para una vez en España la droga, introducida mediante el envío de paquetes postales, proceder a su distribución y venta.

Para tal fin, contactó con los acusados G.B.G,, C.L.P.A. y G.G.S., todos de nacionalidad colombiana, quienes "asumieron como cometido contactar con los proveedores en Suramérica, negociar la compra de la sustancia de acuerdo con los fondos con los que contaban y el envió a España mediante paquetes postales dirigidos a la oficina de Correos, en El Parador.

Subraya el fiscal que la elección de la estafeta se debió a que, "para asegurar el buen fin de la operación y su efectividad", la banda decidió buscar un contacto en las oficinas de correos "que les pudiera facilitar la recepción y la llegada segura" de los de envíos.

Así, captaron a la acusada M.D.S.D., quien conocía a tres de los integrantes, y a cambio de "pequeñas cantidades de droga y alguna contraprestación económica por cada paquete", accedió a controlar los envíos informándoles y a facilitarles los nombres que debían figurar como destinatarios.

El escrito señala que la funcionaria les facilitaba las citadas identidades mediante la "ilegal apertura" de cartas remitidas por la DGT a "legítimos titulares de permisos de conducir", lo que —remarca— "suponía un incumplimiento de las obligaciones inherentes a su empleo" ya que, de este forma, violentó hasta cuatro misivas.

El primero de los dos envíos interceptados por la Guardia Civil se recibió desde Costa Rica el 5 de enero de 2009 en la oficina postal y contenía 688 gramos de cocaína con un 90 por ciento de pureza y un valor en el mercado negro de 41.431 euros. La carta original fue intervenida en el coche de la acusada. El segundo, procedente de Venezuela y decomisado el 12 de febrero, contenía 1,3 kilos de cocaína con una pureza del 70 por ciento y un valor económico de 82.254 euros.

En los registros domiciliarios paralelos a la operación, se decomisaron 56,9 kilos de hachís y una pistola de calibre nueve milímetros en la residencia de J.C.O. mientras que en la casa de M.D.S.D. hallaron cartas abiertas con violación del secreto postal y bolsitas con un total de 2,7 gramos de cocaína, así como una planta de marihuana.

Los integrantes de la banda, que se sentarán en el banquillo ante el tribunal de la Sección Tercera, están procesados por seis delitos contra la salud pública, uno de tenencia ilícita de armas, uno continuado de infidelidad en la custodia de documentos y otros dos continuados de cohecho. Las multas solicitadas por el fiscal oscilan entre los 90.000 y los 240.000 euros.