El vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de Competencia, Joaquín Almunia, ha dicho este martes que si Bankia recibe, "como parece", ayudas públicas para sobrevivir deberá presentar a Bruselas un plan de reestructuración que debe garantizar la viabilidad del modelo de negocio y un "reparto adecuado" de los costes del rescate, así como reducir las distorsiones de competencia.
"Si, como parece, Bankia va a recibir ayudas públicas" de cualquier tipo, ha explicado Almunia, ello "requiere la presentación de un plan de reestructuración" para que el Ejecutivo comunitario pueda autorizarlas. Este plan, ha proseguido, debe incluir "las condiciones conocidas: la viabilidad del modelo de negocio, el reparto adecuado de las cargas y los esfuerzos y la eliminación de las posibles distorsiones de competencia".
Cualquier ayuda pública requiere presentar un plan de reestructuración para poder aprobar la ayuda como compatibleEl vicepresidente del Ejecutivo comunitario ha dicho que España todavía no le ha notificado oficialmente el plan para rescatar a Bankia. "Sobre las nuevas decisiones y medidas, en la medida en que todavía no se conocen, es difícil que me las hayan notificado", ha señalado.
No obstante, ha explicado que en la reunión que mantuvo la semana pasada con el ministro de Economía, Luis de Guindos, éste le transmitió "la voluntad del Gobierno español de trabajar de la manera más intensa y estrecha posible con los servicios de la Comisión responsables del control de las ayudas de Estado".
El objetivo de esta cooperación estrecha entre España y el Ejecutivo comunitario es que "todo lo que tengamos que analizar y decidir en relación con la nueva fase de la reestructuración del sistema bancario español se realice en las mejores condiciones posibles y se puedan tomar decisiones definitivas por nuestra parte en los plazos de tiempo más cortos posibles".
Cuando Bankia recibió una aportación del primer Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) notificó estas ayudas a Bruselas. Pero en aquel momento no se requería una aprobación formal de la Comisión siempre que los fondos públicos no superaran el 2% de los activos ponderados por riesgo.
No obstante, Almunia ha recordado que desde el 1 de enero de 2011 "ya no hay ningún tipo de nivel mínimo o máximo". "Cualquier ayuda pública -sea en términos de avales y garantías, sea en términos de aportación de capital en diferentes fórmulas o sea en cualquier otro término de aseguramiento de activos tóxicos- requiere la presentación de un plan de reestructuración para poder aprobar la ayuda como compatible", ha insistido.
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