El Comité de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) de Cantabria pedirá a la Comisión no Permanente de Discapacidad en el Parlamento regional el desarrollo de una ley autonómica que adapte los derechos de estas personas a la Estrategia Española sobre Discapacidad 2012-2020 y la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidad (ONU).

Se trata de una de las propuestas que va a trasladar este colectivo, que aglutina a ocho agrupaciones relacionadas con la discapacidad, a la Comisión habilitada en la Cámara cántabra, creación que responde a "una reivindicación tradicional" de este sector y supone, además, "un avance de gran relevancia", según ha destacado el presidente de Cermi Cantabria, Roberto Álvarez.

De acuerdo con la 'hoja de ruta' que esta agrupación va a trasladar a la Comisión de Discapacidad, facilitada a Europa Press, se propone definir un marco de actuación global del nuevo órgano parlamentario, teniendo como referencia la Estrategia Española de Discapacidad.

A partir de este paso, Cermi aboga por elaborar un plan de actuación para los próximos tres años, que incluya una revisión anual así como una evaluación de los objetivos alcanzados.

Una vez definido dicho plan, se acometerían lados dos acciones "claras de gran relevancia": el desarrollo de una ley autonómica para adaptarse a la Convención y de una estrategia autonómica de discapacidad.

Desde el Cermi también abogan por priorizar temas en función de las necesidades y la realidad de cada momento. En cualquier caso, estas materias pasarían por la revisión de la legislación autonómica, análisis de las políticas sociales, potenciar actuaciones en materias como el empleo, la accesibilidad, la educación, la formación, la pobreza, la exclusión social, la información, la participación, la igualdad, la sanidad, etc.

Prioridades de 2012

De cara al presente ejercicio, el Cermi propone trabajar en asuntos como los servicios sociales de promoción de la autonomía personal de las personas con discapacidad según un enfoque de derechos y no asistencial. Concretamente, pide actualizar el mapa de recursos de discapacidad, la cartera de servicios sociales, la Ley de Derechos y Servicios Sociales, normas de funcionamiento de los servicios y políticas de atención temprana.

En materia de empleo, plantea revisar el plan previsto en este ámbito para garantizar medidas que favorezcan la incorporación al mercado laboral de las personas con discapacidad a través de los centros especiales de empleo, las empresas ordinarias y las administraciones públicas.

En el ámbito sanitario, este colectivo defiende el apoyo prioritario a personas con enfermedades crónicas físicas, orgánicas y mentales, con la elaboración de un plan concreto para las mismas y un catálogo ortoprotésico.