La Comunidad de Madrid tiene una deuda pendiente de pago con los proveedores de 1.279 millones de euros, de los cuales el 80% (1.080 millones) corresponden a facturas de la Consejería de Sanidad.

La Comunidad difundió estos datos después de que el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, avanzase este martes que las facturas pendientes de pago que han presentado las comunidades autónomas para acogerse al plan estatal de pago a proveedores ascienden a 17.255 millones de euros.

El plazo para que las comunidades presentaran estas facturas finalizó este domingo, pero los proveedores aún pueden revisar las listas y reclamar su inclusión en las mismas, por lo que los datos son provisionales. Una vez que las cifras sean oficiales, el Gobierno actuará como avalista de las regiones paraz que estan obtengan créditos bancarios que deberán devolver a diez años.

Antes del mes de mayo, cada autonomía deberá presentar un plan de viabilidad que supondrá nuevos ajustes sobre los ya realizados y sobre los que el Gobierno va a exigir e las autonomías en Sanidad y Educación. El plan deberá contar con el visto bueno del Estado. Mediante el mismo, se tratará de asegurar la devolución de las cantidades.

Posteriormente, en la primera quincena de mayo se celebrará un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que servirá para examinar la ejecución de los presupuestos autonómicos de 2012 y evitar posibles desvíos. A partir de esa información, el Gobierno podrá aplicar los mecanismos que incluye la Ley de Estabilidad (prevención, sanción e intervención de alguna comunidad si fuese necesario).

El gobierno de Esperanza Aguirre ya había anunciado que se acogería a este plan para poder saldar cuanto antes su deuda farmacéutica, no la de los establecimientos que dispensan directamente a los ciudadanos, sino la farmacia hospitalaria. Estas facturas, que ascenderían a 762,3 millones corresponden a los medicamentos que las empresas fabricantes venden a los hospitales públicos de la región.

Recientemente, y con el objetivo de justificar futuros ajustes, la Comunidad había advertido que tenía un 'agujero' en lo referente a ingresos de 1.000 de euros, unas cantidades que no percibirá —que, por tanto, deberá sacar de otro sitio— y que no podrá utilizar para pagar la deuda o realizar inversiones.

Quien también padecerá esta merma de ingresos será el Ayuntamiento de Madrid, que dejará de ingresar 35 millones de euros por la anulación de la tasa de vados que Alberto Ruiz-Gallardón aplicó en 2006 y que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha declarado ilegal.

La alcaldesa Ana Botella también tuvo que acogerse al plan de pago a proveedores y acometer nuevos recortes y subidas de impuestos al heredar de Gallardón el Ayuntamiento más endeudado de España. En su caso, el Ayuntamiento presentó facturas por valor de 1.017 millones, muy cerca de la declarada por el Gobierno regional en su conjunto. Además, Botella no pudo incluir otros 316 millones en facturas que están pendientes de pago porque estas no cumplían los requisitos exigidos por el Gobierno.