«La entidad católica recibe dinero público por todas las personas que hay inscritas en sus registros», afirma esta agrupación, por lo que con esta acción quiere hacer público su rechazo a este gasto basándose en que «ninguna confesión tiene carácter estatal» y en que hay que «garantizar la libertad religiosa, de culto e ideológica», según el artículo 16 de la Constitución, que define España como estado aconfesional.