En términos generales, el documento contempla la obligación de compartir información de manera bidireccional para agilizar la atención sobre las víctimas.

De esta forma, la consejera se ha comprometido a proporcionar a los jueces, letrados y personal de las oficinas de asistencia a víctimas de delito todos aquellos informes realizados por los técnicos de los Servicios Sociales de la administración, así como información puntual de todos los recursos y ayudas que pueden estar disponibles para las víctimas.

Por su parte, el TSJCyL se ha comprometido a mejorar la comunicación de las resoluciones judiciales que deban ser notificadas a los puntos de coordinación operativos diseñados por la Junta.

En este sentido, cobra especial importancia la notificación de las órdenes de protección, cuyo traslado a los organismos de atención a las víctimas se verá significativamente implementado.

Según ha manifestado Concepción, el objetivo final del protocolo es que no se quede en una mera "declaración de intenciones", sino que abra la puerta a una mejora sustancial de la coordinación entre ambas instituciones en un momento en el que la lucha contra la violencia de género y la atención a las víctimas de cualquier delito se han convertido en eje transversal de trabajo.

En este sentido, Alicia García ha dado cuenta de la labor llevada a cabo en esta materia en el último ejercicio y ha anunciado una inversión superior a los 4 millones de euros en 2016 para seguir mejorando el servicio de atención.

"Gracias a ese esfuerzo económico", está previsto que a lo largo de los próximos meses se desplieguen nuevos puntos de coordinación en las delegaciones territoriales de las nueve provincias de la comunidad que complementen el trabajo realizado por la oficina central.