Expedientado por su incomparecencia al abogado de uno de los acusados de estafar a ciudadanos marroquíes

La Audiencia de Valladolid ha acordado incoar expediente disciplinario, por su incomparecencia injustificada en el juicio previsto hoy, al abogado defensor de uno de los cinco acusados de estafar a siete ciudadanos de origen marroquí a quienes, supuestamente, durante el ejercicio de 2003 cobraron distintas cantidades a siete ciudadanos procedentes de Marruecos a cambio de falsas ofertas de empleo.

La Audiencia de Valladolid ha acordado incoar expediente disciplinario, por su incomparecencia injustificada en el juicio previsto hoy, al abogado defensor de uno de los cinco acusados de estafar a siete ciudadanos de origen marroquí a quienes, supuestamente, durante el ejercicio de 2003 cobraron distintas cantidades a siete ciudadanos procedentes de Marruecos a cambio de falsas ofertas de empleo.

La decisión de la Sección Segunda de lo Penal, de conformidad con la postura del Ministerio Fiscal y la oposición del resto de letrados defensores, se produjo tras recibir hoy mismo un escrito del abogado del principal inculpado, Hamid El G, en el que el defensor comunicaba al tribunal su renuncia "por motivos personales no dignos de reseñar", sin especificar el motivo concreto de su negativa, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Ante ello, las acusaciones pública y particular han solicitado la suspensión del juicio, petición estimada por la Sala, y, en el caso del Ministerio Fiscal, la incoación del correspondiente expediente disciplinario al letrado de Hamid El G, solicitud también aceptada por el tribunal vallisoletano.

Se da la circunstancia de que el propio Hamid El G. tampoco ha comparecido en el juicio, si bien éste ha presentado un escrito justificando su ausencia en la imposibilidad de viajar a Valladolid desde Cataluña, donde reside, al haber tenido que ser asistido de urgencia en un centro sanitario a causa de un dolor lumbar.

Ante las sospechas de que su enfermedad repentina pudiera ser una artimaña para eludir ocupar el banquillo, el tribunal ha anunciado su intención de verificar si la dolencia justificaba su ausencia y, en caso negativo, modificar su actual situación personal, de libertad provisional, para dictar su encarcelamiento hasta la celebración del juicio.

La vista tenía que haberse celebrado el pasado 10 de febrero, aunque en aquella ocasión el tribunal se vio obligado a suspenderla ante la incomparecencia de la joven Hakima H. y de Sergio G.Z, la primera debido a que no fue trasladada a tiempo desde Cataluña, donde permanecía encarcelada, debido a un error de los servicios penitenciarios de la Generalitat, que creyeron que se trataba de un varón y la buscaron en un centro carcelario de hombres, cuando se hallaba en el de mujeres, y en el segundo caso debido a un proceso agudo de asma.

Los acusados son los ciudadanos marroquíes Hakima H. y Hamid G. y los españoles Jeremías R.E, Francisco Ll.B y Sergio G.Z, a quienes la acusación pública, además de cuatro años de cárcel por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, que serían tres en el caso de que la condena fuera por estafa, pide también multas de 5.760 euros y que indemnicen, conjunta y solidariamente, a sus víctimas con las cantidades obtenidas de ellas, que globalmente suman más de 14.000 euros.

Los hechos que se les atribuyen se desarrollaron durante 2003, cuando los cinco acusados, puestos de común acuerdo, siempre según entiende probado el Ministerio Fiscal, concibieron un plan en virtud del cual Hamid G. y Hakima H. contactaban con compatriotas suyos al objeto de facilitar su llegada a España y les cobraban cantidades de entre 2.000 y 4.000 euros bajo la promesa de facilitarles puestos de trabajo ofertados por los otros tres procesados que, sin embargo, no respondían a la realidad.

En todos los casos, una vez que Hamid G, en colaboración con la también acusada Hakima H, conseguía el dinero, remitía a la ciudad de Lérida la documentación que las víctimas le entregaban y allí, tras aportar el resto de acusados ofertas de trabajo, se presentaba solicitud ante la Subdelegación del Gobierno de la citada provincia catalana.

Era a posteriori, ya en territorio español, cuando los solicitantes descubrían que el puesto de trabajo habrían de buscarlo en el mercado negro, pues lo que a ellos se les ofrecía era únicamente la entrada legal en España y no un empleo.

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