El pleno del Parlament de este martes ha validado, con los votos en contra del PSIB y del PSM-IV-ExM, el denominado decreto ley de medidas urgentes para la ordenación urbanística sostenible, que según el Govern supone el "primer paso" para que la comunidad tenga Ley del Suelo, y que será tramitado como proyecto de ley.

El conseller de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio, Biel Company, ha considerado que con esta normativa se garantiza la seguridad jurídica en las islas y ha negado que, tal y como señala la oposición, suponga una "desregulación salvaje". "Es el primer paso para ir hacia la Ley del Suelo, de la que en breve podremos hablar, para en un año tenerla sobre la mesa".

La 'popular' Virtudes Marí ha negado también que el decreto ley suponga urbanismo a la carta puesto que "tiene vocación de aplicación en todo el territorio", y no "para casos concretos". Además, ha indicado que serán los ayuntamientos los que decidirán cuándo y dónde aplicar las normas y que "permite una rápida adaptación del planeamiento a la realidad", algo que "responde a la realidad de las islas".

Por su parte, los grupos de la oposición han criticado la falta de consenso y diálogo del Govern con este tema, pese a que el Ejecutivo les ofreció un Pacto por el territorio. En este sentido, el socialista Jaume Carbonero ha lamentado que les ofrezcan ahora participar en el proceso de enmiendas cuando la "norma es de aplicación directa" desde su aprobación en el Consell de Govern del pasado 17 de febrero.

Mientras, el diputado del PSM-IV-ExM, Antoni Alorda, ha reprochado que aseguren que la normativa aporta una mayor seguridad jurídica cuando los alcaldes todavía desconocen cómo les afectará exactamente.