El propio abogado de Guerrero, Fernando de Pablos, ha informado a Europa Press de que ha solicitado a la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que aplace su declaración hasta dentro de una semana o diez días con el objetivo de poder estudiar "detenidamente" toda la información contenida en los cerca de 2.600 folios de los que se componen los nuevos siete tomos trasladados a las partes personadas.

Al hilo de ello, el letrado del exdirector general de Trabajo y Seguridad Social ha precisado que no fue hasta mismo lunes cuando recibió toda esta documentación, lo que ha motivado que pida al Juzgado un aplazamiento de la declaración prevista para este jueves al objeto de estudiarla, ya que, según ha aseverado, "el objetivo es que Guerrero declare".

Asimismo, y aunque por el momento la juez Mercedes Alaya no ha respondido a la petición formulada por el letrado de Francisco Javier Guerrero, todo indica que podría aplazar la declaración de este jueves y citar de nuevo al imputado la próxima semana, posiblemente el jueves.

En un auto, la juez precisó que la declaración "se circunscribirá al contenido de los atestados recibidos y de las declaraciones judiciales tomadas hasta la fecha, sin perjuicio de que pueda ampliarse con las diligencias previas de los juzgados de Andújar", dentro de las cuales el exchófer de Guerrero confesó que parte de los 900.000 euros que recibió en subvenciones otorgadas por la Junta los destinó a comprar cocaína "para su jefe y para él".

En este sentido, la juez notificó recientemente un auto a las partes en el que asumía la investigación en torno a la compra de cocaína con dinero público, una cuestión ésta sobre la que podrá interrogar a Guerrero, quien, el pasado mes de enero, declaró durante seis horas ante la Unidad Central Operativa (UCO) de Policía Judicial de la Guardia Civil y señaló que, tras su salida de la Consejería de Empleo, "tiene conocimiento" de que "se han destruido" documentos a raíz de que surgió el "escándalo" de los ERE de Mercasevilla.

Durante su declaración como imputado por un presunto delito contra la hacienda pública, a la que ha tenido acceso Europa Press, Guerrero fue cuestionado acerca del hecho de que los expedientes de ayuda carezcan "en muchos casos" de tramitación administrativa alguna, a lo que contestó que hasta abril de 2008, cuando dejó su cargo, los expedientes "iban completos".

Responsable de "velar" por que los expedientes estuvieran completos

No obstante, "tras su salida han pasado" dos nuevos directores generales —Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera, ambos imputados por la juez instructora— y "tiene conocimiento por funcionarios que no quiere identificar que se han destruido documentos a partir de que surge el escándalo de los ERE fraudulentos en Mercasevilla", tras lo que añadió que el responsable de "velar" por que los expedientes estuvieran completos era él.

En este sentido, "tuvo la colaboración" de un asesor externo contratado por la Fundación Pública Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), en concreto el diputado socialista Ramón Díaz, aseveró Guerrero, quien dijo también que "todo lo relacionado con las ayudas y su tramitación era conocido y despachado en el Consejo de dirección semanal", e incluso "algunas de las ayudas, por su entidad, eran despachadas personalmente con el consejero y el viceconcejero" de Empleo, lo que ocurrió con los ERE de Faja Pirítica, Delphi o Astilleros.

Los agentes también le preguntaron por "los procedimientos que se han seguido para comprobar desde la Consejería que, con las ayudas, efectivamente se favorecía el mantenimiento o desarrollo del empleo", aspecto sobre el que Guerrero aseguró que su departamento "no tenía capacidad de control", ya que "carecía de personal y medios para ello", agregando incluso que "nadie realizaba ese control; sabían que algunas empresas, aunque se le diera dinero, iban a cerrar, como Santana Motor o la Faja Pirítica de Huelva".

"irregularidades" detectadas por la intervención general

Preguntado por los "efectos" que causaban en la Consejería del ramo los "reiterados" informes por los que la Intervención General de la Junta "ponía de manifiesto las irregularidades observadas en la concesión de las ayudas", el imputado señaló a los agentes del Instituto Armado que desconocía estos informes, "que llegaban al consejero, pero a él no se lo trasladaban".

Al hilo de ello, Guerrero aseguró que, dentro de su departamento, "intentaron regular la forma de concesión de las ayudas a través de órdenes y borradores que nunca prosperaron y que se llevaron al consejillo, al que acudían los viceconsejeros y que presidía" el entonces consejero de Presidencia, Gaspar Zarrías, a pesar de lo cual "nunca se trataron".

En relación con el ERE de Surcolor, el exdirector general de Trabajo consideró "raro" que no conste un expediente como tal para la adjudicación de la ayuda librada, pues "no ha concedido una sola ayuda sin expediente administrativo", y aseguró que el exdelegado provincial de Empleo en Sevilla Antonio Rivas —imputado también en esta causa—, "como autoridad laboral, era competente para resolver el ERE", y el entonces viceconsejero de Empleo, Agustín Barberá, "tenía conocimiento de la tramitación del expediente y de la fórmula que se estaba siguiendo" para la concesión de esa ayuda.

"si alguien pedía ayuda,

Se le ayudaba con una póliza"

Sobre la inclusión en el ERE de dos personas que "nunca habían trabajado" en Surcolor, Guerrero dijo que "se está enterando en este momento de la inclusión de estas dos personas", añadiendo que, "en general, si alguien le pedía a nivel particular que le ayudara, no le importaba su afiliación política ni vecindad, y se le ayudaba con una póliza". Citó en este punto el caso de un 'intruso' que, en un acto en Camas, "le planteó su caso, por lo que le pidió su documentación y observó que cumplía los requisitos para ser receptor de una ayuda y se la dio".

Reconoció que "han podido ser discrecionales en la concesión de las ayudas, pero no arbitrarios, porque han ayudado a todo el que se la pedía", y ha explicado que "informaba de estas ayudas individuales y las circunstancias de la concesión al consejero y al viceconsejero" de Empleo.

Sobre el ERE de Río Grande, y tras señalar que "se enteró por la prensa" de la inclusión en el mismo de Carmen Fontela, Guerrero aseguró que "se puso en conocimiento" tanto del consejero como del viceconsejero "el compromiso que había adoptado la Consejería en relación a la póliza", explicando que los motivos de recurrir a la fórmula de que los pagos no se hicieran directamente a través de IDEA sino mediante trasvases de fondos ordenados a una aseguradora "eran conocidos" por ambos altos cargos.

El problema de idea

Así, dijo, IDEA "no atendía los pagos, y por ese motivo tenía que ir saliendo del problema de pólizas descubiertas sobre la marcha para que los trabajadores no se quedaran sin cobrar", un asunto que le trasladó "tantas veces" al entonces consejero de Empleo, Antonio Fernández, que éste le dijo que "fuera a IDEA y le diera una patada en los cojones al gerente", entonces Miguel Ángel Serrano.

Sobre el ERE de Calderinox, aseveró que fue un expediente "que no ha tocado" y que "fue su sucesor", Juan Márquez, el que lo trató, mientras que, en relación al expediente de Acyco Sal, negó la participación de Rivas en el mismo, así como la condición de 'intrusos' de dos personas incluidas en el ERE.