El sindicato UGT ha lamentado este martes la "clara connivencia" existente entre el Gobierno de la nación y las corporaciones locales, gobernadas en su mayor parte por el PP, y ha advertido de próximas reestructuraciones y expedientes de regulación de empleo en ayuntamientos y diputaciones provinciales en bancarrota tras las elecciones andaluzas y asturianas del mes de marzo.

Este es el principal mensaje que ha trasladado la Federación de Servicios Públicos de UGT en Castilla y León en un análisis de la repercusión en las corporaciones locales de la Reforma Laboral aprobada por el Gobierno de la nación, una regulación que, según ha augurado el sindicato, mermará los derechos sociales conquistados en los últimos años como parte de la masa salarial de los empleados públicos y que afectará a la estabilidad en el empleo.

Según ha explicado la secretaria de Administración Local de la FSP-UGT en Castilla y León, Soledad Marcelino, entre el 30 y el 40 por ciento de los 35.543 empleados públicos que hay en las corporaciones locales de la Región no tienen contrato fijo y estable. "El miedo existe y es muy grande y no hace falta un ERE sólo el fin del contrato y nadie puede decir nada", ha manifestado la sindicalista, que ha reconocido que, aunque en esos casos no se echa a la gente a la calle, tampoco se renovarán los contratos.

Marcelino ha sumado a esta circunstancia salarios de 900 euros (450 euros por media jornada) en algunos ayuntamientos que, según ha lamentado, han aplicado los recortes cuando a nivel estatal sólo se podía hacer a partir de los 1.200 euros.

"Los alcaldes están compitiendo entre sí para ver quién recorta más", ha asegurado Soledad Marcelino, que ha advertido de que la merma de puestos de trabajo públicos deteriorará la prestación de servicios, minorará el consumo y llevará a un retraimiento de la economía.

Soledad Marcelino ha garantizado la voluntad de su sindicato de negociar reestructuraciones y racionalización de las corporaciones locales siempre que la contención no sea impuesta por decreto de alcaldía, sino que se haga a través del diálogo y la concertación, y no afecte sólo al capítulo del personal.

Por su parte, la secretaria de la FSP-UGT en Castilla y León, Carmen Amez, ha puesto sobre la mesa algunos ejemplos de recortes en las administraciones locales, como el Ayuntamiento de Valladolid donde "un decretazo de Alcaldía" ha recortado derechos sociales y ha externalizado algunos servicios, como la gestión de las multas, "cuando tiene trabajadores que lo pueden hacer".

Las sindicalistas han advertido a las administraciones locales de que no pueden tomarse la ley "por su manga ancha" y han aseverado que si no hay acuerdo acudirán a la vía jurídica.